LA VOZ DE GOICOECHEA.- La Unión Nacional de Gobiernos Locales de Costa Rica (UNGL), celebra la aprobación de un proyecto de ley que permitirá a las municipalidades ejercer un mayor control en la protección del medio ambiente y en la gestión integral de los residuos sólidos.
La UNGL informó al diario digital elpais.cr, que ahora podrán aplicar sanciones con mayor respaldo, así como cobrar multas para invertirlas en la gestión de residuos en el cantón donde se genere la infracción.
Se trata del proyecto ley 20.875, impulsado por la UNGL, que ya fue aprobado en la Asamblea Legislativa. La propuesta modifica 3 leyes relacionadas con la gestión de residuos sólidos, con el fin de aplicar sanciones para infracciones gravísimas, graves y leves; en cuanto a las graves se establecen las siguientes (art. 49):
“Se consideran infracciones graves y Serán sancionadas hasta ocho veces la tarifa más alta del servicio de manejo de residuos de cada municipalidad, las siguientes:
a) Disponer residuos ordinarios por vía de quema, enterramiento de residuos no orgánicos o abandono de residuos ordinarios en la vía pública, sistemas de alcantarillados, nacientes, causes de agua y sus zonas de protección; así como en propiedad privada no autorizada para tales fines.
b) Comprar, vender, almacenar y tratar residuos valorizables ilícitamente.
c) Recolectar de la vía pública residuos valorizables ilícitamente.
d) Brindar de forma ilegal o contraria a las disposiciones municipales el servicio de recolección y disposición de residuos.
a) Disponer residuos ordinarios por vía de quema, enterramiento de residuos no orgánicos o abandono de residuos ordinarios en la vía pública, sistemas de alcantarillados, nacientes, causes de agua y sus zonas de protección; así como en propiedad privada no autorizada para tales fines.
b) Comprar, vender, almacenar y tratar residuos valorizables ilícitamente.
c) Recolectar de la vía pública residuos valorizables ilícitamente.
d) Brindar de forma ilegal o contraria a las disposiciones municipales el servicio de recolección y disposición de residuos.
Lo anterior sin perjuicio de la obligación del infractor de indemnizar y reparar el daño ambiental, así como el pago correspondiente a los costos en los pagos en los que haya incurrido la municipalidad”.
“Para la UNGL este es un gran logro, ya que trabajamos en la formulación de este proyecto de ley desde hace más de un año, para darle más músculo a las municipalidades en cuanto a la gestión de los residuos y más potestades para sancionar. Resaltamos que los recursos que se generen por infracciones podrán ser invertidos en el propio cantón; además de que las sanciones son una forma de hacer un llamado a la ciudadanía para proteger el medio ambiente. También tenemos que agradecer el apoyo de los diputados que nos acogieron la propuesta y a quienes la aprobaron en segundo debate”, afirmó Karen Porras, directora ejecutiva de la UNGL.
Por otro lado, la iniciativa sanciona hasta cinco veces la tarifa que corresponda de acuerdo a la categoría asignada, a quien gestione los residuos ordinarios en condiciones contrarias a las establecidas en las disposiciones municipales sobre el servicio de recolección y disposición de residuos, lo cual está dentro de la categoría de faltas leves en el artículo 50.
Ahora los ciudadanos podrán interponer denuncias ante la municipalidad respectiva, lo que permite fomentar una mayor vigilancia o protección del medio ambiente.
También en el artículo 54 se establecen suspensiones o revocatorias de permisos, patentes y licencias, ya que cuando un mismo infractor sea sancionado por cometer una infracción a esta Ley, en más de dos ocasiones en el plazo de un año calendario, el Ministerio de Salud o la municipalidad, de acuerdo con sus competencias, podrán cerrar hasta por tres días los locales comerciales; suspender o revocar las patentes, las licencias, los permisos y los registros necesarios para la realización de las actividades que hayan dado lugar a la comisión de las infracciones.
Finalmente, la UNGL realizará un acompañamiento para asesorar a las municipalidades en la implementación de esta reforma legal, la cual empezará a regir 12 meses después de su publicación.
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