LA VOZ DE GOICOECHEA.- Resucitar la finalización de la trocha fronteriza es una idea que aún está en la cabeza del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y que -de hecho- tiene al Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) trabajando en un plan para activar caminos que permitan conectar con la zona fronteriza colindante a Nicaragua.
Para la actual administración, en virtud de los apuros financieros, la continuidad del proyecto – iniciado en 2010- no es una prioridad inmediata, pero sí es algo que está en el tintero.
En abril de 2019 la vicepresidenta Epsy Campbell, coordinadora gubernamental de los planes de desarrollo para la región norte del país, anunció la gestión de un plan para intervenir la ruta nacional 1856 por tramos.
La idea no es concluir la vía como inicialmente estaba prevista (pavimentada en sus 155 kilómetros), pero si habilitarla para que sea una carretera de interconexión entre los pueblos fronterizos.
Poner punto final a la trocha es una idea que sigue viva Rodolfo Méndez Mata, ministro de Obras Públicas y Transportes, explicó que Rodolfo Solano (exviceministro administrativo y actual canciller) trabajó en la programación del plan para reactivar la habilitación de la carretera. Sin embargo, tras su salida, habrá una reorganización interna que pondrá en espera las decisiones sobre la propuesta. Un aspecto trascendental radica en que habría que salir a buscar los recursos que permitan retomar el plan. Así lo advirtió la vicepresidenta Campbell desde el inicio. “Sé que Rodolfo Solano (exviceministro administrativo y actual canciller) estuvo a cargo de la programación. Ahora, estamos haciendo una reestructuración que vamos a anunciar muy próximamente. Lo vamos a retomar y le vamos a dar continuidad.
Esto para algunos tramos de la trocha (…) Hay planes del Conavi para habilitar que le permitan a uno llegar a la frontera o cerca de la frontera. Hay planes en ese sentido que estamos elaborando”, indicó el ministro Méndez.
El jerarca señaló que presentarán la propuesta de intervención una vez que esté lista en el seno del consejo vial. Lo cual, podría ocurrir en las próximas semanas. Ruta polémica La carretera, cuyo plan original trazaba una ruta de 155 kilómetros a lo extenso de la frontera norte, surgió amparada en un decreto de emergencia nacional emitido por el gobierno de Laura Chinchilla (2010-2014) ante el conflicto limítrofe con Nicaragua.
Ante dudas de posible corrupción, las obras se paralizaron desde 2013.
Desde entonces, la trocha quedó en una especie de limbo y no fue prioridad para las últimas 2 administraciones (la de Luis Guillermo Solís y la de Carlos Alvarado).
La construcción de la fallida trocha comenzó en el 2010 y hasta hoy no se ha terminado al 100%.
Epsy Campbell asume intervención de la trocha, pero no hay presupuesto La administración de Solís (2014-2018) proyectó en su Plan Nacional de Desarrollo dejar la obra lista en un 40%. Pese a ello, a finales de 2016 solo se tenía aprobado 1 de los 6 diseños trazados para concluirla. Se trataba del tramo Los Chiles-Río Pocosol, de 37.5 kilómetros. En ese entonces los planes de finalización incluían el diseño de 6 secciones, la construcción de las secciones 1 y 2, 15 puentes (estaban 6 colocados), la supervisión de construcción de trabajos y un monto por concepto de reajustes. Al final, nada prosperó.
Causa penal
La audiencia preliminar por el caso de la trocha fronteriza concluyó el 30 de enero tras casi 4 meses en curso. El fallido proyecto derivó en un expediente penal que 8 años después se mantiene en el Juzgado Penal de Hacienda del II Circuito Judicial de San José para determinar si se eleva a juicio.
El proceso inició en setiembre del año pasado, luego de más de 7 años desde que se abrió el expediente penal para esclarecer presuntas irregularidades en la construcción de la Ruta Nacional 1856 en la frontera norte con Nicaragua.
El proyecto vial surgió al amparo de un decreto de emergencia nacional en respuesta al conflicto limítrofe que estalló en 2010 con el país vecino. No obstante, se convirtió en un torbellino político y judicial para la administración Chinchilla Miranda (2010-2014).
“La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) informó que la audiencia preliminar del caso conocido mediáticamente como ‘La Trocha’ finalizó el 30 de enero del presente año. Este despacho se encuentra a la espera de ser comunicados de la resolución, Chinchilla, Liberman y Francisco Jiménez fueron sobreseídos del caso.
Según dispuso el Juzgado Penal de Hacienda del II Circuito Judicial de San José, será de manera escrita”, detalló hace un par de semanas esa dependencia del Ministerio Público, a través de un correo electrónico. La acusación fue presentada el 17 de enero de 2017 por la Fiscalía General liderada entonces por Jorge Chavarría, quien dejó su cargo a finales de ese mismo año en medio del escándalo del “cementazo”. Precisamente, en los últimos años de su labor, el funcionario fue cuestionado por la lentitud en la tramitación de los grandes casos de presunta corrupción. La trocha fue uno de ellos. La FAPTA investigó posibles delitos de peculado, cohecho propio, penalidad del corruptor, enriquecimiento ilícito, encubrimiento de bienes, influencia contra la hacienda pública y legitimación de capitales. En la lista de imputados hay funcionarios públicos, inspectores aparentemente falsos, así como empresarios y familiares.
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