LA VOZ DE GOICOECHEA.- La Fiscalía General de la República dirige 10 allanamientos relacionados con una investigación que se tramita en este despacho por los presuntos delitos de violación de datos personales, abuso de autoridad y prevaricato. Las diligencias se encuentran activas en las instalaciones de Casa Presidencial, MIDEPLAN y cuatro casas de habitación.
Encontrar pruebas en torno a la creación de la Unidad de Datos del presidente Carlos Alvarado, es el motivo de la investigación.
Utilizar la ciencia y la estadística para la toma de decisiones y la creación de políticas en beneficio de los ciudadanos, fue siempre el objetivo de la Unidad de Datos Presidenciales que creó el Gobierno, aseveró el presidente.
De acuerdo con la investigación, desde mayo del 2018 hasta octubre del 2019, Madrigal, Rivas y Fernández se habrían desempeñado como asesores de datos de la Presidencia de la República y, en apariencia, conformaron una Unidad gubernamental para compilar y analizar datos para la supuesta ejecución de políticas públicas, al parecer, sin ningún respaldo legal.
Se presume que, entre las labores de este grupo, se habría ordenado pedir datos personales y sensibles de los ciudadanos a diferentes instituciones y se cree que Alvarado tenía conocimiento de esto.
Al parecer, Alvarado, Morales y Soto emitieron un decreto para que se continuara desarrollando esta actividad, a pesar de que, presuntamente, conocían que infringía la ley. No obstante, ante distintos cuestionamientos, el 21 de febrero anterior, la Presidencia de la República habría informado sobre la derogatoria este decreto.
La investigación continúa dentro de la causa 20-005433-0042-PE.
Periodista: Redacción La Voz de GoicoecheaUtilizar la ciencia y la estadística para la toma de decisiones y la creación de políticas en beneficio de los ciudadanos, fue siempre el objetivo de la Unidad de Datos Presidenciales que creó el Gobierno, aseveró el presidente.
De acuerdo con la investigación, desde mayo del 2018 hasta octubre del 2019, Madrigal, Rivas y Fernández se habrían desempeñado como asesores de datos de la Presidencia de la República y, en apariencia, conformaron una Unidad gubernamental para compilar y analizar datos para la supuesta ejecución de políticas públicas, al parecer, sin ningún respaldo legal.
Se presume que, entre las labores de este grupo, se habría ordenado pedir datos personales y sensibles de los ciudadanos a diferentes instituciones y se cree que Alvarado tenía conocimiento de esto.
Al parecer, Alvarado, Morales y Soto emitieron un decreto para que se continuara desarrollando esta actividad, a pesar de que, presuntamente, conocían que infringía la ley. No obstante, ante distintos cuestionamientos, el 21 de febrero anterior, la Presidencia de la República habría informado sobre la derogatoria este decreto.
La investigación continúa dentro de la causa 20-005433-0042-PE.
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