Mientras tanto se continua con el sistema tradicional de contratación donde se favorece a unos cuantos proveedores y da margen a evadir los controles correspondientes de transparencia, calidad, eficiencia y eficacia.
El actual sistema de contratación es fuertemente fragmentado, cuenta con limitados controles previos y posteriores al proceso de compras, ausencia de controles, de recurso humano con formación profesional en contratación y de un mecanismo institucionalizado que permita la participación de la sociedad civil en el proceso de contratación.
A ello se suma un alto porcentaje de licitaciones abreviadas.
Se espera que con la nueva administración que inicia el 1 de mayo de 2020, esta situación sea atendida, ya que una de las causas por la que el electorado decidió hacer el cambio tiene que ver mucho con esta forma de manejar los recursos que se invierten en la municipalidad.
Diputado impulsa proyecto para que instituciones se sumen al SICOP
Actualmente el diputado de Liberación Nacional, Roberto Thompson, impulsa un proyecto de ley que obligaría a las instituciones a sumarse al Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP) que se tramita bajo el expediente No. 21.799.
En el estudio “Transformación hacia una mayor eficiencia de las compras públicas electrónicas, beneficios y ahorros de la unificación”, divulgado por la Contraloría General de la República explica que en el 2017 se generó un ahorro que representa el 20,8% del total de compras públicas registradas en el Sistema Integrado de Actividad Contractual, pero según el legislador, el proyecto quedó en el tintero.
“Resulta inconcebible que después de cuatro años de que se implementó la Ley N.° 9395, aún las instituciones públicas no se han apegado al 100% al sistema único de compras evitándole un gasto millonario al Estado. Por ello considero necesario establecer un plazo adicional y sanciones, con el fin de que a corto plazo el Estado se ahorren millones equivalente a un porcentaje muy significativo del PIB, mediante el uso de un sistema único de compras”, afirmó Thompson.
Esta iniciativa busca poner un límite adicional de doce meses a los entes públicos que no hayan implementado el SICOP y estarán obligados a informar a la Contraloría General de la República acerca de los avances en el cumplimiento de esta obligación cada tres meses.
“Todos tenemos que ser parte de la solución y este Proyecto pretende aportar positivamente a las finanzas del Estado”, concluyó el Diputado Roberto Thompson.
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