También, el INVU cobraría ¢77.510 por los visados de los planos, un costo que actualmente los usuarios no deben asumir.
Además, el reglamento atribuiría al INVU funciones que ya tienen las municipalidades, provocando una duplicidad de los trámites para los terrenos.
Otro punto que preocupa es que dicho organismo gubernamental no cuenta con la estructura administrativa ni personal necesario para el otorgamiento de los visados para efectos catastrales, al carecer de profesionales en topografía, señaló la Procuraduría General.
Los municipios de Occidente, así como la Municipalidad de Limón y el Colegio de Ingenieros Topógrafos de Costa Rica han mostrado su disconformidad con el reglamento.
Estos últimos se encuentran en una mesa de negociación con el INVU para modificar algunos de los puntos de la normativa, con apoyo del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos y varios diputados.
Por otra parte, el reglamento necesitaba actualizarse luego de 37 años, expuso Tomás Martínez, presidente ejecutivo del INVU.
También, busca que haya reglas claras sobre el fraccionamiento y urbanización en los cantones, ya que la mitad de ellos no cuenta con un plan regulador para el ordenamiento territorial.
“Esta es la ruta que ha permitido desatar los nudos para el progreso del desarrollo urbano, pues con este instrumento los gobiernos locales podrán planificar sus territorios de manera segura, con menos riesgos ambientales y mayor impacto de huella de carbono, y acorde con la sostenibilidad y la eficiente utilización del territorio”, argumentó Martínez.
POLÉMICO REGLAMENTO
El Reglamento de Fraccionamiento y Urbanizaciones ha causado desencuentro entre diversos sectores y el INVU.
TOMÁS MARTÍNEZ
Presidente ejecutivo
INVU
El reglamento es importante para el desarrollo de Costa Rica, ya que tiene jurisdicción en las municipalidades que no cuentan con un plan regulador (alrededor del 50%) y también en aquellas que si tienen plan regulador pero no cuentan con el reglamento específico de fraccionamiento y urbanización, por lo que finalmente contará con una amplia incidencia en todo el territorio nacional.
ESTEBAN ACÓN
Presidente
Cámara de la Construcción
Esta Cámara considera necesario actualizar las normas en el sector de la construcción en procura de un adecuado ordenamiento territorial.
Se requiere contar con un marco de regulación técnica que esté acorde con la realidad país, el estado del desarrollo de ciudades y la proyección de ciudad a futuro.
Sin embargo, esta normativa debe respetar la directriz presidencial emitida en julio pasado de evitar la creación de nuevos trámites, brindando mayor seguridad y certeza jurídica al ciudadano y a las empresas.
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