LA VOZ DE GOICOECHEA.- Este lunes, en Casa Presidencial, el presidente Carlos Alvarado y la ministra de Trabajo, Geannina Dinarte, firmaron la “Ley para brindar seguridad jurídica sobre las huelgas y sus procedimientos” (Ley N° 9808).
El mandatario costarricense agradeció a los legisladores por la aprobación de esta ley e indicó que se trata de una “regulación equilibrada y balanceada” que permite a los trabajadores manifestarse en libertad sin afectar el derecho del resto de los ciudadanos.
La nueva Ley declara ilegal las huelgas en los servicios públicos esenciales cuya suspensión, discontinuidad o paralización pueda causar daño significativo a los derechos a la vida, la salud y la seguridad pública. Asimismo, suspende el pago de los salarios de los trabajadores que participen en estos movimientos.
El expediente 21.049 fue aprobado en segundo debate por 35 congresistas el 16 de enero anterior, luego de que el diputado liberacionista Carlos Ricardo Benavides lo presentara el año anterior y se le diera una vía rápida para su aprobación.
La reforma contempla cambios al Código de Trabajo, como permitir la huelga que tenga por finalidad protestar contra políticas públicas, siempre que dichas políticas afecten de forma directa los intereses económicos o sociales de los trabajadores.
La nueva Ley declara ilegal las huelgas en los servicios públicos esenciales cuya suspensión, discontinuidad o paralización pueda causar daño significativo a los derechos a la vida, la salud y la seguridad pública. Asimismo, suspende el pago de los salarios de los trabajadores que participen en estos movimientos.
El expediente 21.049 fue aprobado en segundo debate por 35 congresistas el 16 de enero anterior, luego de que el diputado liberacionista Carlos Ricardo Benavides lo presentara el año anterior y se le diera una vía rápida para su aprobación.
La reforma contempla cambios al Código de Trabajo, como permitir la huelga que tenga por finalidad protestar contra políticas públicas, siempre que dichas políticas afecten de forma directa los intereses económicos o sociales de los trabajadores.
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