LA VOZ DE GOICOECHEA.- El déficit fiscal pone al Poder Ejecutivo y a sus instituciones en serias dificultades para financiar programas y proyectos que sirvan para reducir las brechas sociales, generar empleo, bienestar, mejor calidad de vida y potenciar el desarrollo humano de los costarricenses.
Si bien hay potencial en los municipios para meterle el hombro al Gobierno en los programas para reducir la pobreza, un estudio determinó que la mayoría de los ayuntamientos está por debajo del promedio en inversión social municipal.
En ese contexto se vuelve necesario que las municipalidades dispongan de sus recursos para complementar los planes que podrían reducir la desigualdad y la pobreza. Sin embargo, tal complementariedad todavía está lejos de darse debido a la atomización de la inversión social municipal (ISM) en múltiples programas y actividades y porque ese gasto aún permanece desconectado de las acciones que echan a andar las instituciones del sector social del Gobierno.
Un estudio del Informe Estado de la Nación publicado este 2019 determinó que la Inversión Social Municipal (ISM) no solo puede contener los efectos de la desaceleración que sufre la economía costarricense desde hace varios meses, y que podría continuar en el 2020, sino que, además, generaría mejores condiciones para la actividad productiva en los cantones, muy dispar entre cantones de la Gran Área Metropolitana y otras regiones del país.
La disposición de recursos en los ayuntamientos para invertir en la parte social y de desarrollo humano no es despreciable.
El año pasado, la ISM fue el equivalente a un 32,6% del total de la inversión social focalizada del Gobierno Central, que se relaciona más con el combate a la pobreza. Si se compara con la inversión social total, la ISM alcanzó en el 2018 un 2,3% de esta.
El Informe pudo identificar que los municipios que más invierten en programas sociales son los de Belén (¢91.850 en términos per cápita), Escazú (¢80.429), Garabito (¢69.229), San José (¢67.665) y Abangares (¢65.872). En tanto que los ayuntamientos que menos invierten en programas sociales son Guatuso (¢4.345 per cápita), Sarapiquí (¢5.717), Siquirres (¢7.235), Guácimo (¢7.393) y Buenos Aires (¢7.892).
Expertos aguardaban peores datos de pobreza ante parálisis de la Economía Por debajo del promedio Empero, según el Informe Estado de la Nación 2019, la mayoría de municipalidades invierte por debajo del promedio y evidencia poca diversidad en su oferta de programas sociales. Y agregó que en el 2018 los gobiernos locales destinaron en promedio ¢27.708 por persona a programas sociales. Al revisar la información de la ISM en el periodo 2006-2018 por persona, se pudo comprobar que solo 8 municipalidades superaron el promedio durante este lapso y se ubicaron en el nivel “alto” de la ISM. Otras 8, traspasaron el gasto promedio entre 10 y 12 años. En el rango “medio” se ubicaron 11 municipios. El grupo más numeroso de municipalidades se ubicó en el nivel “muy bajo” de la ISM.
Un conglomerado de 33 gobiernos locales mostró que durante los 13 años estudiados invirtió por debajo del promedio. En tanto que otros 21 cantones superaron el promedio entre 1 y 4 años, por lo que se ubicaron en un nivel “bajo” de ISM.
Cuando se analizaron las iniciativas municipales por función, se pudo determinar que la mayoría de la ISM está concentrada en pocos sectores. Entre los servicios que más absorbieron recursos de los ayuntamientos estuvieron los de vivienda, donde entra la inversión en acueductos, alcantarillados y recolección de basura, que consumieron más de dos terceras partes de la inversión municipal.
Sin embargo, entre el 2006 y el 2018 creció la inversión municipal en servicios de protección social, sobre todo en los programas que tienen relación con la Red de Cuido y la atención de personas adultas mayores.
La mayoría de las municipalidades invierte por debajo del promedio y evidencia poca diversidad en su oferta social. “(…) Para aprovechar mejor la ISM en función del desarrollo humano, hay que remover algunos obstáculos. Entre ellos destaca una estructura rígida pero a la vez atomizada de los gastos, con escasos cambios en la última década, poca focalización y enormes disparidades en presupuestos y capacidades de ejecución entre cantones, que dificultan la reducción de las brechas”, determinó el Informe Estado de la Nación 2019.
Una de las sugerencias que hizo el equipo de investigadores para aprovechar mejor la inversión social municipal fue que para superar las barreras es necesario establecer canales de diálogo entre el Gobierno central y los gobiernos municipales, con el objetivo de alcanzar la deseada articulación de programas. “En las condiciones actuales, la rigidez y fragmentación del gasto conspiran contra ese fin”, concluyó el Informe.
Desde el 2018 y durante casi todo el 2019 la economía costarricense entró en un preocupante letargo. Fue hasta los últimos meses del año que finaliza que varios mercados empezaron a dar tímidas señales de reactivación. No obstante, factores como el elevado desempleo (11,4% durante el tercer trimestre del 2019), la significativa caída en el ingreso de las familias, el elevado nivel de endeudamiento de estas, así como la desconfianza de los inversionistas, hacen pensar que la somnolencia de la economía se mantendrá durante los primeros meses del 2020, limitando el crecimiento de la economía a tasas inferiores a un 3%. En medio de ese contexto económico desalentador, Costa Rica irá a las urnas de nuevo el 2 de febrero del 2020 para elegir a las nuevas autoridades municipales. El desinterés histórico por este proceso electoral de las ciudadanía y los pocos recursos con que cuentan los partidos políticos y los candidatos para invertir en la campaña complican que el electorado conozca los planes que tienen los aspirantes a alcaldes para potenciar la capacidad de los ayuntamientos para combatir males como la desigualdad social, la pobreza y el desempleo en las comunidades.
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