Según la Contraloría, pese a diversas gestiones al respecto y ante la omisión de la certificación de la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria (STAP) de que las universidades cumplen con la regla fiscal (artículo 19), la Contraloría debe archivar sin trámite el presupuesto inicial de las cinco universidades y del CONARE para el año 2020.
Dado que las instituciones requieren de un presupuesto para su funcionamiento, al amparo de los artículos 4, 5, 6, 7 y 8 de la Ley General de la Administración Pública, para estas instituciones, regirá el presupuesto definitivo del 2019 ajustado en lo que corresponda.
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