LA VOZ DE GOICOECHEA.- Reducir el tamaño del Estado al cerrar o fusionar instituciones duplicadas, poner en ejecución un sistema de salario único para todo el Gobierno y mejorar la eficiencia del sector público en general conforman la lista de deseos del sector productivo para el presidente Carlos Alvarado en 2020.
Y es que esto es vital para mejorar el clima de negocios el próximo año, sobre todo si se considera que el país empieza a salir poco a poco de una etapa complicada de productividad y ajustes, que incluyó la aprobación de nuevos impuestos hace un año.
La ejecución de la regla fiscal -que establece un límite al crecimiento del gasto– en todas las instituciones del Estado debe ser norma general sin excepciones, concuerdan varios líderes empresariales.
La advertencia se da porque hay dependencias estatales, como las universidades públicas, las municipalidades y el Poder Judicial, que desafían la regla fiscal, lo cual es contradictorio con los esfuerzos que hacen las empresas y los ciudadanos por pagar más impuestos y así superar el peligro que se deriva de un déficit elevado y mayor endeudamiento.
Para el otro año, el Gobierno central gastará unos ¢10 billones, de los cuales un 48% se financia con deuda, mientras que uno de cada cuatro colones se usará para pagar a los burócratas sus salarios.
Por otra parte, una mayor flexibilidad para contratar y despedir en el sector público y eliminar los sobresueldos contenidos en las convenciones colectivas son tareas pendientes que solicita Álvaro Sáenz, presidente de la Unión de Cámaras Empresariales.
En ese sentido, el Gobierno ya prepara una nueva Ley de Empleo Público que ayudaría a contar con un nuevo mecanismo de evaluación de los burócratas, al tiempo que haría más sencillo su despido – sin responsabilidad patronal - para quienes acumulen dos malas calificaciones consecutivas.
La ejecución de la regla fiscal -que establece un límite al crecimiento del gasto– en todas las instituciones del Estado debe ser norma general sin excepciones, concuerdan varios líderes empresariales.
La advertencia se da porque hay dependencias estatales, como las universidades públicas, las municipalidades y el Poder Judicial, que desafían la regla fiscal, lo cual es contradictorio con los esfuerzos que hacen las empresas y los ciudadanos por pagar más impuestos y así superar el peligro que se deriva de un déficit elevado y mayor endeudamiento.
Para el otro año, el Gobierno central gastará unos ¢10 billones, de los cuales un 48% se financia con deuda, mientras que uno de cada cuatro colones se usará para pagar a los burócratas sus salarios.
Por otra parte, una mayor flexibilidad para contratar y despedir en el sector público y eliminar los sobresueldos contenidos en las convenciones colectivas son tareas pendientes que solicita Álvaro Sáenz, presidente de la Unión de Cámaras Empresariales.
En ese sentido, el Gobierno ya prepara una nueva Ley de Empleo Público que ayudaría a contar con un nuevo mecanismo de evaluación de los burócratas, al tiempo que haría más sencillo su despido – sin responsabilidad patronal - para quienes acumulen dos malas calificaciones consecutivas.
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