La oficina de Cobro Judicial de la Dirección General de Hacienda informó que el embargo es por ¢450 millones, de los cuales ¢200 millones corresponde a la deuda principal y lo demás a los intereses y costes.
La Policía de Control Fiscal notificó a los inquilinos de la empresa, que realicen el pago de las rentas directamente al Ministerio de Hacienda, además retendrán cualquier remuneración o crédito en efectivo que pudieran percibir.
Según la Dirección General de Hacienda, lo notificado debe ser acatado de forma obligatoria tanto por la empresa como por los inquilinos, los cuales se exponen a una pena que va desde 6 meses hasta 3 años de prisión por incumplimiento.
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