LA VOZ DE GOICOECHEA.- La Fiscalía Adjunta del II Circuito Judicial de San José, con sede en Goicoechea, solicitó medidas cautelares en contra de siete personas vinculadas con el bloqueo, explosión de una bomba y atentado contra la Fuerza Pública en las inmediaciones de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica (UCR), en San Pedro de Montes de Oca.
Según informó la institución, desde las 16 horas, se realiza la audiencia de solicitud de medidas cautelares en contra de siete personas por los presuntos delitos de obstrucción de vía pública, incendio o explosión, en su modalidad agravada, y resistencia.
Los imputados responden a los apellidos de Carvajal Monterrey, Cisneros Quesada, Solís Aponte, Mora Castro, Vásquez Orozco (mujer), Tapia Álvarez (mujer) y Hernández Morales.
De acuerdo con la Fiscalía, las acciones aparentemente realizadas por este grupo pusieron en peligro la seguridad pública y tuvieron presuntos fines terroristas que pusieron en riesgo la vida e integridad física de oficiales de Fuerza Pública.
El delito de incendio o explosión, en su modalidad agravada, establece penas de entre seis y 15 años de prisión, “si hubiera peligro de muerte para alguna persona, si existiera peligro de destrucción de bienes de valor científico, artístico, histórico o religioso, si se pusiere en peligro la seguridad pública, o si se tuviere en fines terroristas”.
El Código Penal establece sanciones de 10 a 30 días de prisión y de uno a cinco años de cárcel para las conductas de obstrucción de vía pública y resistencia, respectivamente.
El caso se investiga bajo el expediente 19-3444-175-PE.
Los hechos
A eso de las 22 horas, la Fuerza Pública notificó a un grupo de manifestantes que debían desbloquear la vía de acceso a Ruta 39 circunvalación-rotonda La Bandera, obstruida desde el miércoles anterior.
Ante la negativa de los protestantes, que se identificaban como estudiantes de la UCR, las autoridades policiales optaron por comenzar a levantar el bloqueo; Esto, entre amagos de violencia y señales de resistencia de los manifestantes.
Al generarse dicha situación y agravarse con el incendio de llantas, lanzamiento de piedras y otros objetos, la Fuerza Pública repelió la acción con gases lacrimógenos.
En respuesta, los manifestantes se atrincheraron dentro del campus universitario y desde dicho lugar, continuaban lanzando piedras y amenazando a los agentes de seguridad.
Daniel Calderón, director de la Fuerza Pública, manifestó que se aprehendieron a siete hombres y tres mujeres, los cuales fueron presentados a la Fiscalía. Asimismo, se decomisaron varios objetos y material combustible, el cual fue utilizado contra los agentes de Seguridad.
Los imputados responden a los apellidos de Carvajal Monterrey, Cisneros Quesada, Solís Aponte, Mora Castro, Vásquez Orozco (mujer), Tapia Álvarez (mujer) y Hernández Morales.
De acuerdo con la Fiscalía, las acciones aparentemente realizadas por este grupo pusieron en peligro la seguridad pública y tuvieron presuntos fines terroristas que pusieron en riesgo la vida e integridad física de oficiales de Fuerza Pública.
El delito de incendio o explosión, en su modalidad agravada, establece penas de entre seis y 15 años de prisión, “si hubiera peligro de muerte para alguna persona, si existiera peligro de destrucción de bienes de valor científico, artístico, histórico o religioso, si se pusiere en peligro la seguridad pública, o si se tuviere en fines terroristas”.
El Código Penal establece sanciones de 10 a 30 días de prisión y de uno a cinco años de cárcel para las conductas de obstrucción de vía pública y resistencia, respectivamente.
El caso se investiga bajo el expediente 19-3444-175-PE.
Los hechos
A eso de las 22 horas, la Fuerza Pública notificó a un grupo de manifestantes que debían desbloquear la vía de acceso a Ruta 39 circunvalación-rotonda La Bandera, obstruida desde el miércoles anterior.
Ante la negativa de los protestantes, que se identificaban como estudiantes de la UCR, las autoridades policiales optaron por comenzar a levantar el bloqueo; Esto, entre amagos de violencia y señales de resistencia de los manifestantes.
Al generarse dicha situación y agravarse con el incendio de llantas, lanzamiento de piedras y otros objetos, la Fuerza Pública repelió la acción con gases lacrimógenos.
En respuesta, los manifestantes se atrincheraron dentro del campus universitario y desde dicho lugar, continuaban lanzando piedras y amenazando a los agentes de seguridad.
Daniel Calderón, director de la Fuerza Pública, manifestó que se aprehendieron a siete hombres y tres mujeres, los cuales fueron presentados a la Fiscalía. Asimismo, se decomisaron varios objetos y material combustible, el cual fue utilizado contra los agentes de Seguridad.
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