De acuerdo con la Procuraduría de la Ética Pública (PEP), fue Tribunal Penal de Hacienda la que condenó a Córdoba al pago de ¢1 millón por daño social, así como seis meses inhabilitado de la función pública.
El pasado 2 de setiembre inició el juicio en el cual se le atribuía, al alcalde de San Carlos, siete delitos. Los otros son prevaricato, estafa, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, reconocimiento ilegal de pluses salariales y falsedad ideológica.
Según información brindada por el Ministerio Público, Córdoba ordenó la contratación de un hombre de apellido Rojas, pese a que aparentemente no cumplía con los requisitos que se solicitaban para el puesto de director administrativo municipal.
Para dicho puesto se solicitan aspectos como un tener un bachiller universitario, y estar inscrito en un colegio profesional.
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