LA VOZ DE GOICOECHEA.- Créditos bancarios, deudas por tarjetas de crédito, préstamos rápidos, compras de artículos de toda clase y hasta el no pago de servicios u obligaciones con entidades públicas, como la CCSS y Municipalidades; son parte de los ejemplos de casos moratorios de cobros que tienen saturados los juzgados de cobros en el Poder Judicial.
Datos elaborados por el Subproceso de Estadística de la Dirección de Planificación revean que de todas las materias que conoce y resuelve el Poder Judicial, el 55.72% corresponde a la materia de cobro.
Para el año 2016, el circulante de expedientes era de 453.169, el siguiente año la cifra subió a 536.846 expedientes, para el 2018 nuevamente se registró el aumento a 667.887 y al 30 de setiembre del presente año, la cantidad de procesos cobratorios es de 733.169.
“Estos últimos números representan la cifra más alta de todas las materias que conoce el Poder Judicial y según las proyecciones estadísticas la tendencia será el crecimiento para el año 2021”, indicó el Observatorio del Poder Judicial.
En la actualidad, el Poder Judicial tiene una capacidad operativa de 86 jueces y juezas distribuidos en 19 juzgados especializados en todo el país, para poder hacer frente a los más de 700 mil asuntos que están en cobro judicial.
“Las mayores dificultades que presenta el Poder Judicial están referidas a la capacidad operativa que tenemos para hacer frente a una demanda que nos supera, actualmente hemos tenido un crecimiento exponencial que año con año se ha incrementado y la cantidad de jueces y personal que puede llevar a cabo esta tarea, es bastante limitada en relación a ese ingreso”, explicó Adriana Sequeira, Jueza de Cobro y Gestora en la Implementación de la Reforma Procesal Civil.
A pesar de la alta demanda, el Poder Judicial asegura haber tenido importantes resultados en la recuperación de montos de dinero de personas deudoras tanto en colones como en dólares y euros; por lo que montos recuperados a los diferentes acreedores van en aumento desde el año 2016.
Banca privada, bancos del sistema bancario nacional, financieras privadas de créditos, almacenes de línea blanca, empresas de tarjetas de crédito, así como instituciones públicas como la Caja Costarricense de Seguro Social, Municipalidades, ICE; entre otras; son parte los usuarios que tramitan regularmente en los distintos juzgados de cobro del país.
Para el año 2016, el circulante de expedientes era de 453.169, el siguiente año la cifra subió a 536.846 expedientes, para el 2018 nuevamente se registró el aumento a 667.887 y al 30 de setiembre del presente año, la cantidad de procesos cobratorios es de 733.169.
“Estos últimos números representan la cifra más alta de todas las materias que conoce el Poder Judicial y según las proyecciones estadísticas la tendencia será el crecimiento para el año 2021”, indicó el Observatorio del Poder Judicial.
En la actualidad, el Poder Judicial tiene una capacidad operativa de 86 jueces y juezas distribuidos en 19 juzgados especializados en todo el país, para poder hacer frente a los más de 700 mil asuntos que están en cobro judicial.
“Las mayores dificultades que presenta el Poder Judicial están referidas a la capacidad operativa que tenemos para hacer frente a una demanda que nos supera, actualmente hemos tenido un crecimiento exponencial que año con año se ha incrementado y la cantidad de jueces y personal que puede llevar a cabo esta tarea, es bastante limitada en relación a ese ingreso”, explicó Adriana Sequeira, Jueza de Cobro y Gestora en la Implementación de la Reforma Procesal Civil.
A pesar de la alta demanda, el Poder Judicial asegura haber tenido importantes resultados en la recuperación de montos de dinero de personas deudoras tanto en colones como en dólares y euros; por lo que montos recuperados a los diferentes acreedores van en aumento desde el año 2016.
Banca privada, bancos del sistema bancario nacional, financieras privadas de créditos, almacenes de línea blanca, empresas de tarjetas de crédito, así como instituciones públicas como la Caja Costarricense de Seguro Social, Municipalidades, ICE; entre otras; son parte los usuarios que tramitan regularmente en los distintos juzgados de cobro del país.
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