LA VOZ DE GOICOECHEA.- Una propuesta impulsada por la Junta de Protección Social (JPS), pretende regular y sancionar actividades relacionadas con loterías y juegos de azar, que no sean autorizados ni desarrollados por esa institución.
El proyecto “Prohibición de Actividades Relacionadas con Loterías y Juegos de Azar No Autorizados por la Junta de Protección Social y que Afectan las Utilidades Generadas para Financiar Programas Sociales”, fue llevado a la corriente legislativa por el diputado del PLN y presidente de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, Gustavo Viales.
Parte del propósito de la JPS es proteger los recursos que la Lotería permite generar para el financiamiento de programas destinados a la población en vulnerabilidad o pobreza, a raíz de la proliferación de ventas de juegos ilegales.
“Mientras en ventanas y puestos comerciales ofrecen juegos ilegales, Costa Rica enfrenta esa ilegalidad con un marco jurídico obsoleto que impide poner freno a los capitales de dudosa procedencia que los financian”, indicó Esmeralda Britton, presidenta de la JPS.
La iniciativa plantea que las municipalidades y los concejos municipales de distrito serán los responsables de realizar la sanción administrativa y fiscalizar de que no se realicen en su jurisdicción territorial, actividades ilegales relacionadas con lotería preimpresa o electrónica, apuestas deportivas, video loterías y otros juegos de azar, que no sean autorizados por la Junta de Protección Social.
“Esta propuesta de ley no solo quiere sancionar al vendedor o comerciante, sino que además quiere atacar las estructuras que reclutan a personas que se dedican a comercializar a Lotería Nacional de la JPS, para movilizar la venta de estos otros productos clandestinos”, indicó Viales.
Por su parte la diputada del PAC y secretaria de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, Carolina Hidalgo, indicó que “es necesario un mayor resguardo de estas para que las y los costarricenses tengan seguridad de que el dinero que invierten vaya precisamente a estos programas y no a otro tipo de negocios”.
Los destinos por concepto de multas y bienes decomisados se destinarán en un 50% a favor de la JPS para distribuir en programas sociales financiados por ésta, y de un 50% para los programas de seguridad y combate al crimen organizado y la legitimación de capitales.
Mientras que los recursos provenientes por imposición de multas municipales, un 50% va destinado a la Municipalidad o al Concejo Municipal de Distrito que haya hecho la denuncia ante la sede penal, para reforzar su presupuesto en materia de fiscalización del comercio y seguridad, y el 50% se transferirá a la JPS, para distribuir en programas sociales financiados por ésta.
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