¿Por qué renunció la ministra de Hacienda, Rocío Aguilar?

LA VOZ DE GOICOECHEA.- Explicamos de qué acusó la Contraloría General de la República a Rocío Aguilar y por qué le recomendó al presidente suspenderla por 30 días.

Rocío Aguilar renunció a su cargo de ministra de Hacienda el pasado miércoles 23 de octubre a las 11:00 am.

De acuerdo con sus propias palabras, ella renunció para no comprometer al presidente Carlos Alvarado a obedecer o desobedecer una recomendación de la Contraloría General de la República (CGR): suspender a Aguilar con 30 días en casa sin goce de salario.

Ni Aguilar ni Alvarado estuvieron de acuerdo con la Contraloría, pero antes de que el presidente pudiera decidir qué hacer, Rocío Aguilar presentó su renuncia.

“El presidente sí me pidió que continuara, pero en esa discusión gané yo”, dijo con humor la exministra la tarde del mismo miércoles, en su última conferencia de prensa como jerarca de Hacienda.

Aquí explicamos el dictamen de la Contraloría que detonó la renuncia de Aguilar.

La recomendación de la CGR no era vinculante. En este caso, solo el presidente podía elegir si sancionaba o no a Aguilar, pero ella renunció antes.

Recomendación de la CGR

La razón por la que el ente contralor recomendó la sanción de un mes a la exministra fue la siguiente: En mayo de 2018, cuando Rocío Aguilar asumió el cargo de ministra de Hacienda, se encontró con un escenario adverso en el que ella no tenía nada que ver, pero que debía encarar: --La administración anterior, de Luis Guillermo Solís (2014-2018), ya había agotado el presupuesto para pagar la deuda pública, y dejaba un hueco presupuestario de unos ¢800.000 millones (un deuda que debía pagarse sí o sí). --Los pagos a estas deudas, haya presupuesto aprobado por la Asamblea o no, se pagan de forma automática. Se hace así para evitar que Costa Rica deje de pagarle deuda pública a un acreedor por un error humano. --Los acreedores de estas deudas públicas son, por lo general, entidades públicas como la CCSS y los bancos. --Así, la deuda programada a ser cancelada se canceló, pero esto ocurrió sin que el Congreso aprobara más dinero para hacerlo. O sea, se hizo con el hueco presupuestario que dejó la administración de Luis Guillermo Solís de por medio. Tras investigar lo sucedido, en aras a encontrar explicaciones y responsables del faltante de ¢600.000 millones, la CGR sugirió a LA Presidencia sancionar por 30 días a Rocío Aguilar. Y también incluyó las acciones del exministro de Hacienda, Helio Fallas; de las tesorera nacional, Marta Cubillo; del director de Crédito Público, Melvin Quirós; y del exdirector de Crédito Público, Julio Espinoza.

La sanción a Aguilar sería por ser ella la jerarca de Hacienda cuando los pagos automáticos de deuda pública se hicieron efectivos en el 2018, a sabiendas del hueco presupuestario existente que dejó la administración 2014-2018.

Origen del hueco presupuestario

El hueco en el presupuesto se dio a pesar de que las autoridades de Hacienda del gobierno anterior sabían que el plan de gastos aprobado por el Congreso, en 2017, no alcanzaría para los pagos del servicio de deuda interna a corto y largo plazo. El expresidente Luis Guillermo sabía que Hacienda quedaría corto para los pagos en 2018 pero su gobierno lo ocultó, hizo malabares con el presupuesto y con plazos de vencimiento que no resultaron como previstos.

El Ministerio destinó ¢1,6 billones para pagar amortizaciones* de deuda pública en 2018, pero en realidad debió presupuestar ¢1,9 billones. Subestimó la cifra confiando que burlaría el pago de ¢300.000 millones a través de canjes de deuda** que no logró realizar.

Aprendamos juntos:

Amortización = extinguir un censo, préstamo u otra deuda. **Aprendamos juntos 2.0: canjes de deuda = Gobierno dijo a inversionista: te cambio ese título a corto plazo por uno a largo plazo y te termino pagando más intereses. Inversionista dijo a Gobierno en este caso: no. A esto se le sumó otro problema. Los ¢1,6 billones del Ministerio de Hacienda para amortizar deudas se distribuían así: -¢1.086.000 millones para deuda interna de largo plazo -¢448.000 millones para deuda interna de corto plazo -¢62.000 millones para deuda externa El Gobierno de Luis Guillermo Solís, que solo planeó ¢448.000 millones para pagar deudas internas de corto plazo, estimó que todo iría bien y que solo habría que colocar ¢292.000 millones de esta deuda en el segundo semestre de 2017, pero llegado el momento, se vio con que los inversionistas le huyeron a los bonos de largo plazo ofrecidos por el Gobierno y la colocación fue ni más ni menos que de... ¡¢772.000 millones! La cifra se excedió en ¢480.000 millones producto de colocaciones hechas en el último trimestre del 2017, las cuales vencían en los primeros meses del 2018.

El Gobierno lo calló, pasó presupuesto de deuda de largo plazo a corto plazo (desfinanciando el primer presupuesto), y de todas formas no logró su objetivo. En resumen, para inicios de 2018, el Gobierno de Luis Guillermo Solís sabía del desbalance de ¢480.000 millones en el presupuesto para pagar amortizaciones de corto plazo y del hueco de ¢300.000 millones producto del fracaso del canje de deuda.

No pidió presupuesto extraordinario para amortizaciones ocultó la información y heredó al gobierno entrante una deuda de casi ¢800.000 millones (¢780.000 millones). De hecho, la propia administración Solís hizo pagos de deuda sin contenido presupuestario entre febrero y marzo de 2018. Ese gobierno destinó unos ¢188.000 millones para pagar bonos de corto plazo después de que se había agotado la partida presupuestaria para ese rubro, en el mes de enero.

En ese momento, en abril de 2018, Rocío Aguilar explicó cómo detectaron lo sucedido: “Si bien se hablaba de la necesidad de un presupuesto extraordinario, no se advirtió que ya se estaban realizando pagos que no tenían la partida presupuestaria”, dijo Aguilar. “De hecho, en revisiones posteriores, lo que hemos determinado es que eso se venía haciendo en los meses de febrero y marzo. Y lo que se hizo fue, vía decreto ejecutivo, tomar la partida del segundo semestre, cubrir ese diferencial dejando desprotegido el segundo semestre”.

Según lo dado a entender por la Contraloría, Rocío Aguilar debía solicitar un nuevo presupuesto al Congreso para pagar la deuda pública. Pero para este Explicador, Rocío Aguilar opina que el “presupuesto extraordinario debió hacerse desde enero”. “La partida presupuestaria de largo plazo era escasa por 300.000 millones", explica la exministra. “En abril se hizo una modificación para cubrir los faltantes de amortizaciones que se originaron desde enero de 2018, entonces agravó el de largo plazo”.

Consultada si ella se reunió con los jefes de bancadas de la Asamblea Nacional en 2018, recién asumió el cargo de ministra, para hacerles saber del hueco presupuestario que heredó, Aguilar nos dijo: “No tuve esa reunión antes. Recuerdo que después de presentado el presupuesto extraordinario (comienzos de agosto de 2018) y detectada la falta de contenido presupuestario, sí tuve la reunión para pedir apoyo en la celeridad de su aprobación (del nuevo presupuesto)”. El diputado Carlos Ricardo Benavides, que en 2018 era jefe de bancada del Partido Liberación Nacional, corroboró para este Explicador que en las primeras reuniones que sostuvieron con Aguilar, no se habló el hueco en el presupuesto que se heredó de la administración pasada, sino de la urgencia de aprobar la reforma scal. “En las conversaciones con los diputados doña Rocío fue enfática sobre el déficit fiscal existente. Las conversaciones versaban sobre la necesidad de aprobar el proyecto de Plan Fiscal”, recuerda Benavides.

Ella enfatizó que no está de acuerdo con la decisión de la CGR: “No la comparto (la sugerencia de sancionarla). Me parece una decisión equivocada. Por respeto al presidente, no quiero que esté en esa encrucijada (de acatar la sugerencia de la CGR o de no hacerlo)”, dijo Aguilar.

La exfuncionaria recordó que, en su oportunidad, cuando a la CGR le correspondió emitir un dictamen sobre el presupuesto del 2018, no le advirtió al Congreso de la situación de ese presupuesto. Además, hizo hincapié en el carácter automático de estos pagos de deuda pública, que de todas formas no podían detenerse. “El tema de los famosos pagos no fue una decisión voluntaria de la ministra o del ministerio”, explicó Aguilar, “porque a diferencia del resto de pagos, estos pagos se realizan de forma automática.

Se ha hecho así por muchos años porque se ha pensado que sería lamentable que por un error de alguien el país dejara un día de pagar una obligación”. “Como ustedes saben, la razón de ese faltante presupuestario fue una mala formulación del presupuesto. Pero a pesar de eso, el Ministerio de Hacienda sí lo expresó en su exposición de motivos. Entonces, me parece que las siguientes fallas estuvieron en un dictamen que fue omiso sobre el particular. Una aprobación que no consideró para nada lo correcto, que en todo caso era considerar unos potenciales cambios para el presupuesto”. Rocío Aguilar lideró el ministerio de Hacienda durante la aprobación de la histórica reforma fiscal de 2018, un plan para sanear el déficit fiscal que sufre Costa Rica y que empeoraba desde hacía años.

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