“En febrero nosotros no participamos de la negociación ni tampoco de la conformación de los acuerdos. Yo fui informada de lo de la adenda por Román vía telefónica, luego me la mandó”, señaló.
“Una vez hecho el estudio costo-beneficio, en caso de que no hubiera afectación, nosotros sí pudiéramos estar dispuestos a presentar un proyecto de ley”, añadió Garrido.
En el segundo acuerdo que terminó con la huelga de los sindicatos en agosto, MIDEPLAN sí tuvo una mayor incidencia.
“En agosto, MIDEPLAN participó de las negociaciones iniciales. Significa que había una huelga y ellos convocaron a la rectoría de empleo público”, respondió ante consulta de legisladores.
Lo que pactaron en ese segundo documento fue mantener el cálculo de los pluses salariales y anuales previo a la reforma fiscal, tal y como lo acordaron en febrero. Eso sí, se mantendría hasta que un Tribunal dictara cuál de las partes tenía razón.
Sin embargo, después la Contraloría General de la República ordenó a la CCSS acatar la ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.
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