La petición se hizo durante la lectura de las conclusiones del juicio que se lleva en contra de Córdoba por el presunto delito de nombramiento ilegal del director administrativo municipal. De igual manera, se le achacó la supuesta autorización de pagos que no correspondían.
En la solicitud de la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción se pide la inhabilitación para ejercer cargos públicos y de elección popular durante 10 años.
Cabe señalar que Córdoba Soro encabeza la papeleta municipal del Partido Liberación Nacional (PLN) para las elecciones de febrero del 2020.
Estas fueron las peticiones de la Fiscalía:
5 delitos de nombramiento ilegal: 90 días multa por cada uno de los delitos.
2 delitos de tráfico de influencias: 3 años por cada uno de los delitos.
2 delitos de reconocimiento ilegal de beneficios laborales: 2 años por cada uno de los delitos.
2 delitos de prevaricato:3 años por cada uno.
Un delito de peculado: 7 años.
Inhabilitación para ejercer cargos públicos y de elección popular durante 10 años.
Total: solicitan 24 años de prisión.
De igual manera, la Fiscalía pidió 15 años de prisión contra el funcionario municipal de apellido Rojas.
Contra él el Ministerio Público solicitó:
2 delitos de enriquecimiento ilícito: 4 años por cada delito.
1 delito de peculado: 7 años.
Inhabilitación para ejercer cargos públicos y de elección popular durante 10 años.
Nombramiento cuestionado
El caso se originó con el nombramiento del director administrativo de la Municipalidad de San Carlos, de apellido Rojas, en el año 2002.
Rojas fue nombrado en el puesto, pese a que no cumplía con los requisitos del cargo. En primera instancia se le nombró de forma interina y posteriormente en propiedad.
Según señaló la fiscal Johanna Rodríguez durante el juicio, el alcalde de San Carlos, ordenó el nombramiento de Rojas, aunque no tenía bachillerato universitario ni estaba incorporado a un Colegio Profesional. Estos 2 elementos eran requisitos del puesto.
Asimismo, el Ministerio Público señaló que el alcalde Córdoba supuestamente aprobó el pago de los pluses de prohibición y dedicación exclusiva, aunque tenía conocimiento que no correspondían.
El Ministerio Público también detalló que el director administrativo confeccionó 2 manuales de puestos que beneficiaron directamente su salario.
Por ejemplo, se indicó que, en 2004, Rojas ordenó un nuevo manual de puestos en el que modificó su plaza y justificaba los cambios porque habían sido recomendados por el Servicio Civil.
No obstante, la Fiscalía sostiene que ese órgano nunca había recomendado la transformación de su plaza. Este cambio habría beneficiado al funcionario a obtener a un mejor salario.
Para el año 2008, Rojas presentó un nuevo modelo de puestos, que también fue acusado por la fiscalía.
Incluso, se detalló un perjuicio económico a la Administración en ¢287 millones de colones, de los cuales ¢61 millones de colones corresponden al pago de dedicación exclusiva.
Alcalde rechaza cargos
El alcalde de San Carlos, Alfredo Córdoba, rechazó los cargos acusados por el Ministerio Público y la Contraloría General de la República.
Él aseguró que actuó con el aval del órgano contralor en todo momento.
“Rechazo todos los cargos. Todo lo consulté a la Procuraduría, la Contraloría General de la República y la asesoría legal”, dijo el alcalde.
Córdoba Soro busca la reelección del cargo con el Partido Liberación Nacional.
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