Entre errores, horrores, mentiras y ligerezas despojan a la Asociación de Desarrollo Comunal de Ipís (ADI) de un bien inmueble que tiene bajo su administración por acuerdo municipal

Salón Comunal de Ipís, administrado por ADI (Foto: Isaí Jara)

*Concejo municipal adjudica donde ya está adjudicado; alcaldesa cumple acuerdo que está suspendido y síndica miente

LA VOZ DE GOICOECHEA.- Lo acontecido el pasado viernes 3 de octubre en La Facio de Ipís con un acuerdo del Concejo Municipal, la eficiencia de la Alcaldesa Municipal y la mentira de la sindica, tres graves errores y horrores todo como una película de suspenso.

El Concejo Municipal aprueba el 31 de marzo de 2016, por mayoría de votos dar en administración a la Asociación de Desarrollo Integral de Ipís (ADI), los inmuebles de salón comunal, parque infantil, zona verde, parque, edificación y terreno ubicados en Ipís, contiguo a la Cruz Roja La Facio y contiguo a la Casa de la Cultura, según plano catastrado SJ-406849-80; y se autorizó a la Alcaldía a firmar el respectivo convenio de administración.

El 3 de enero de 2017, el mismo Concejo Municipal aprobó adenda al acuerdo por solicitud de la Asociación de Desarrollo de un error material en el primer acuerdo y acordó corregir el error de manera que se leyera correctamente en el POR TANTO que los inmuebles adjudicados incluían las edificaciones que se encuentran contiguo a la Cruz Roja, La Facio, terreno contiguo a la Casa de la Cultura y antiguo Correos de Costa Rica.

El 5 de febrero de 2018, el Concejo Municipal aprobó, por alteración del orden del día, con dispensa de trámite de comisión y con carácter firme, moción de la Sindica Propietaria del Distrito de Ipís Lorena Miranda Carballo y acordó: “Autorizar a la Administración Municipal adjudicar al Concejo de Distrito de Ipís el inmueble municipal que se ubica entre el Salón Comunal de La Facio y el CEN CINAI (donde estuvo ubicada hace muchos años la Fuerza Pública), dicho local desde hace muchos años esta sin uso". Inmueble que es del salón comunal ya dado en administración a la Asociación de Desarrollo. Garrafal error y horror.

Como si fuera poco en el mismo acuerdo se estipula que la cancelación de los servicios del local sería de parte del Concejo de Distrito; inmenso error y horro, el Concejo de Distrito no maneja dineros, amén de que tampoco pueden ser acreedores de estos tipos de convenio por no tener personería jurídica y así indicarlo la legislación.

La moción y la información proporcionada por la síndica Lorena Miranda al Concejo Municipal, pudieron haber conducido a error al Concejo, toda vez que no se especificaron los motivos de urgencia para adjudicar un local al Concejo de Distrito, ni se especificó sin lugar a duda la ubicación, características y detalles del inmueble involucrado y, sobre todo, se aseguró al Órgano Colegiado que el terreno, “en este momento no se lo han dado en administración a nadie ahí está abandonado”, cuando estaba asignado a la ADI desde 2017 hasta 2020. Error, horror y mentira.

El Artículo 6º del Reglamento de Adjudicación de Bienes Inmuebles Municipales, estipula como requisito un acuerdo específico de Asamblea de la Asociación o Junta Directiva sobre el interés manifiesto de administrar un inmueble, lo cual se echa de menos, toda vez que el acuerdo recurrido fue tomado por moción presentada por la Sindica Propietaria, sin acuerdo previo del Concejo de Distrito.

Ana Lucía Madrigal Faerron, no comunica a la asociación lo que corresponde, sino que llega corta candados, abre puertas y toma posición del inmueble amparada a un acuerdo del Concejo Municipal que está suspendido l encontrase recurrido ante el Tribunal Contencioso administrativo. Error, horror y ligereza.

Así las cosas, entre errores, horrores, mentiras y ligerezas despojan a la Asociación de Desarrollo Comunal de Ipís (ADI) de un bien inmueble que tiene bajo su administración por acuerdo municipal.

Ronald Arrieta e Irene Campos son los dos únicos regidores que actuaron apegados a la legalidad y parece que son los que están mas centrados en acatar la legalidad y resguardar los bienes del pueblo, que es responsabilidad de todos los 9 regidores.

Consultamos por separado vía WhatsApp al presidente municipal Joaquín Sandoval y a la alcaldesa Ana Lucia Madrigal, su opinión sobre estos errores y horrores tan notorios, al primero en la adjudicación de un bien municipal ya adjudicado y a la segunda en la aplicación de un acuerdo que su acto está suspendido hasta que el tribunal correspondiente resuelva, a pesar que dimos el tiempo necesario no contestaron.

El presidente municipal vio el mensaje y calló y la alcaldesa, la oficina de prensa reporta que consultará, pero en ambos casos el silencio fue la respuesta.

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