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| Fabio Vega |
Un ahorro de ¢1.400 millones pretende el proyecto "Ley para regular las dietas en el sector público costarricense”, impulsado por la legisladora liberacionista Paola Valladares.
La idea es remunerar solamente cuatro sesiones ordinarias, con posibilidades a dos extraordinarias, a toda persona que sea miembro, en forma simultánea, de más de una junta directiva, consejo directivo o concejo municipal.
La regulación se sustenta tras revelar un estudio de los pagos de las dietas realizado por Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa que solo en 2018 se ejecutaron ¢9.600 millones, con un crecimiento del 16% para 2019.
La finalidad del proyecto, además de regular, es colaborar en el proceso de fortalecimiento de las finanzas públicas.
Hablando de dietas, traigo a colación el "sacrificio” hecho por ciertos directivos de una entidad pública no estatal, quienes ante la crisis interna presupuestaria institucional, que provocó despidos de personal, dispusieron recibir solo el 50% del pago de la dieta, supongo, en solidaridad con la causa.
Pues bien señores(as), el mandato, como lo dice Sabina, "duró lo que duran dos peces de hielo en un güisqui on the rocks". Pasado el novenario de los cesados, aplicaron aquello de "primero mis dientes y después mis parientes".
Sería oportuno mocionar para que en aquellas entidades que públicamente reconocen estar "quebradas" se ajusten también las dietas de sus directivos, como lo hicieron con el personal sacrificado.
En esa misma mesa directiva donde se rescató el porcentaje de la dieta se aprobaron jugosos aumentos de salarios en tiempos de crisis.
No se vale que mientras en esa entidad se sacrifica al trabajador, haya salarios cercanos a los ¢4 millones para una sola persona que gana casi igual a un diputado o superior a la suma del jornal del ministro y viceministro de Agricultura. Seguiremos.
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