Goicoechea, 9 de setiembre de 2019. A través de un proyecto de ley, el diputado del Frente Amplio (FA) José María Villalta propone eliminar el derecho de inmunidad a cualquier miembro de los Supremos Poderes de la República que estén siendo investigados por delitos de corrupción.
Mediante el expediente de ley 21.571, el legislador plantea reformar el artículo 110 de la Constitución Política para eliminar la aplicación del fuero de impredecibilidad penal de miembros de los Supremos Poderes cuando se les investigue por delitos de corrupción tipificados en la Ley contra la Corrupción y Enriquecimiento Ilícito (N.º 8422) y los delitos más graves contra los deberes de la función pública tipificados en el título XV del Código Penal en el título (peculado, malversación, concusión, cohecho, entre otros).
Asimismo, se contemplan otros cargos tales como ministros y ministras de Gobierno (artículo 143) o el Contralor-Contralora de la República (artículo 183).
Es posible que fuerzas políticas utilicen la inmunidad como un escudo para impedir la investigación de cualquier hecho delictivo cometido por integrantes de los Supremos Poderes. En efecto, un uso abusivo del fuero de impredecibilidad penal puede impedir que se investiguen, se juzguen y se sancionen hechos delictivos graves cometidos por quienes ocupan los más altos cargos de la jerarquía del Estado, convirtiendo una prerrogativa necesaria en un privilegio odioso. En estos casos, una fracción legislativa que tiene veinte o más diputados podría bloquear cualquier investigación, aunque se encuentre debidamente justificada. Ese bloqueo puede darse por intereses corporativos y partidarios o incluso por cálculo político. En tales casos, la inmunidad puede convertirse en impunidad, plantea Villalta en su proyecto.
La modificación planteada por Villalta contempla, además que, en el caso de los diputados, no podrán ser arrestado por causa civil durante sesiones legislativas, salvo autorización de la Asamblea o que el diputado lo consienta, no obstante, se excluye en caso de los delitos antes mencionados, así como en caso de flagrante delito o cuando el diputado renuncie a su inmunidad.
El interés de la sociedad por garantizar la mayor transparencia en el ejercicio de la función pública debe prevalecer sobre el privilegio de la inmunidad brindado actualmente a las más altas jerarquías del Estado costarricense. Si un diputado o diputada, un magistrado o magistrada, un ministro o ministra de Gobierno es investigado por delitos de corrupción cometidos en el ejercicio del cargo, deben ponerse inmediatamente a la orden de la justicia y proceder a rendir cuentas de forma inmediata a nuestra población. Quienes ocupamos los más altos puestos de dirección debemos predicar con el ejemplo y ser los primeros en combatir la impunidad.
El Foro Económico Mundial ha estimado que el costo de la corrupción global es de al menos 2,6 billones de dólares, equivalentes al 5% del Producto Interno Bruto (PIB) a nivel mundial.
Entre el año 2017 y 2018, Costa Rica bajó de la posición 38 a la 48 (de 180 países) en el Corruption Perceptions Index 2018 de Transparency International. Presentando una reducción absoluta de 3 puntos en el índice.
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