Goicoechea, 6 de setiembre de 2019.- Distintos representantes de los sindicatos de salud afirmaron que la resolución de la Contraloría General de la República (CGR) no es vinculante, resulta violatoria a la autonomía de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) y adicionalmente, amenazaron con volver a las calles para “defender sus derechos”.
En medio de la huelga sindical, los representantes de los gremios de la salud recibieron con disgusto la resolución de la CGR y de forma unánime consideraron que es “irrespetuosa” de los acuerdos que ellos firmaron con Román Macaya y autoridades de gobierno.
Una de las primeras en reaccionar fue Martha Rodríguez, secretaria general adjunta de Undeca, quien manifestó que “van a analizar lo que planteó la Contraloría, pero cree que lo hecho por la institución es una violación flagrante a la autonomía institucional, puesto que no puede ordenarle absolutamente nada a la Caja” y al parecer, “no han leído la Constitución Política”.
Es una intromisión de la CCSS y los trabajadores defenderemos los derechos y acuerdos pactados. No le vamos a permitir a la CGR que se violente los acuerdos. Parece que a algunos les gusta provocar la huelga y en este caso, le echan fuego a la hoguera. Las cosas se deben solucionar con el diálogo, pero provocan a los trabajadores y mantienen la huelga. Esperamos que la Caja respete su autonomía y no tengamos que ir a las calles, a nuevos movimientos que perjudican a la población y todo, por la intransigencia de la clase política.
Por su parte, Edwin Solano, Vicepresidente de la Unión Médica Nacional (UMN), afirmó que el señalamiento de la Contraloría responde a intereses de cámaras empresariales y de las “élites políticas” de Gobierno.
Lo que está haciendo la Contraloría es respondiendo a una consulta de Pedro Muñoz, que sabemos los intereses que tiene y lo que representa. Él fue uno de los señores que estuvo comprometido con el cementazo. La contraloría no tiene la potestad para obligar a la Junta directiva de la Caja a que no respete acuerdos. Si la Junta no apoya ese acuerdo, automáticamente realizan un llamado a la huelga en el sector salud y tener a los trabajadores de la Caja en las calles. Le echan leña al fuego y hacerle el juego a los grandes empresarios y diputados que están defendiendo intereses privatizadores. Iremos a las calles.
Por su parte, Rodrigo López, Secretario General de la Asociación Nacional de Profesionales en Enfermería (ANPE) afirmó que la disposición es “revanchista” y volverán a las calles.
Tendremos que hacer un análisis técnico jurídico. La Contraloría es un órgano tecnócrata que no sabe nada salud, trata de tirar abajo los acuerdos.
La resolución de la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa, se detalló que, en el caso del acuerdo de febrero y agosto que tuvieron Román Macaya (Presidente CCSS) con los gremios sindicales, “no constituyen actos administrativos declaratorios de derechos, por lo que la CCSS debe abstenerse de iniciar un proceso judicial de lesividad o cualquier otro tipo de procedimiento en vía administrativa para la declaratoria de nulidad de los numerales relativos a anualidades e incentivos, complementos, sobresueldos y pluses”.
Es decir, la Caja no deberá iniciar un proceso judicial para la declaratoria de nulidad de los numerales relativos a “Anualidades” e “Incentivos, complementos, sobresueldos y pluses”, sino que, más bien, deberá aplicar en un plazo de cinco días, el capítulo correspondiente al empleo público, a todos sus trabajadores en un plazo.
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