LA VOZ DE GOICOECHEA.- El Procurador Penal, Randall Aguirre Mena, declaró a diputados que no se encontró ni una sola prueba para señalar un posible delito de las personas que conformaban Comité Ejecutivo Nacional y el Comando de Campaña del Partido Acción Ciudadana (PAC) durante el proceso electoral del año 2010.
Durante su comparecencia en la Asamblea Legislativa, el funcionario informó que su afirmación se basa en los resultados de un extenso y riguroso trabajo que realizó la Procuraduría General de la República con 281 testigos en todo el país, cuya información fue aportada durante el juicio en una presentación de 481 filminas, la cual el funcionario aportó a la Comisión.
“No existe ninguna acta ni del Comité Ejecutivo Nacional ni del Comando de Campaña en que se hubiera tomado un acuerdo para utilizar indebidamente los contratos de servicios especiales”, ratificó el Procurador Aguirre.
El compareciente observó que, sí se hace una búsqueda detalladas a lo largo de la sentencia de 1.600 páginas, solo un testigo dijo haber recibido una llamada de Margarita Bolaños a propósito de los contratos suscritos.
“Una vez más, en esta nueva comparecencia se reitera la rigurosidad con que las autoridades trabajaron durante todo el proceso de investigación. De igual manera bajo juramento lo han hecho ver las personas que han venido a esta Comisión representando al Tribunal Supremo de Elecciones, la Contraloría General de la República y el Ministerio Público”, indicó la Diputada Catalina Montero, del Partido Acción Ciudadana (PAC).
Sin embargo, Aguirre fue contundente ante los diputados que conforman la Comisión investigadora de las campañas políticas del PAC, al señalar que la agrupación política se apropió de manera indebida de 516 millones de colones.
Dijo que ello quedó acreditado mediante los 263 contratos firmados por Servicios Especiales que se le cobraron al Tribunal Supremo de Elecciones en la campaña política del 2010.
Aguirre explicó que los responsables de la estafa fueron los miembros de la tesorería del Partido Acción Ciudadana, en particular Manuel Antonio Bolaños y Mainor Sterling, quienes habrían inducido a error a los partidarios que firmaron los contratos para “ayudar al partido”, cuando el trabajo lo realizaban de manera voluntaria.
Tanto Bolaños como Sterling sabían que los contratos se cobrarían por trabajos que se realizaban de manera voluntaria y testigos durante la etapa de juicio comentaron que los mismos se firmaron en blanco y luego fueron llenados con la misma letra y con información que solo se tenía en la Tesorería del PAC.
El legislador del Partido Liberación Nacional y Presidente de la Comisión, Gustavo Viales Villegas, consultó quiénes fueron los beneficiados con los montos cobrados al Tribunal Supremo de Elecciones.
Ante ello, el Procurador señaló que los montos cobrados se usaron no para pagar a los colaboradores de la agrupación, sino que estos se usaron para cancelar los bonos A, que los tenían principalmente Bancos y medios de comunicación.
Aguirre indicó que se logró determinar que los fondos se cobraron para no quedarle mal a los Bancos y a los medios de comunicación con la finalidad de no afectar el financiamiento de las futuras campañas.
Por su parte, la legisladora independiente, Ivonne Acuña Cabrera le insistió al Procurador sobre cuál sería el monto total que debería entonces cancelar el PAC al Estado por la estafa en contra del Tribunal Supremo de Elecciones.
Según Aguirre, la sentencia en firme es por poco más de 300 millones de colones, debido a que el juzgado dejó por fuera un número importante de Contratos debido a que se había exigido la declaración de todos los testigos y algunos no se presentaron al juicio por diversas razones.
Añadió que se está insistiendo en el cobro adicional de 80 contratos por una suma superior a los 170 millones de colones y se debe analizar el tema de cobro de los intereses y dependiendo de la fecha en que se determine que se deben empezar a cobrar podría llegar hasta los 900 millones de colones.
El diputado del PUSC, Pedro Muñoz Fonseca, insistió en la responsabilidad de Margarita Bolaños como Secretaria General el PAC en firmar los contratos por Servicios Especiales, pero el Procurador mencionó que no existió suficiente prueba para enjuiciarla por el delito de estafa.
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