La comisión especial de la OEA sobre Nicaragua refirió el último domingo su malestar por la prohibición a los diplomáticos que conforman el grupo, pero aseguró que su trabajo continuará, por lo que también hizo un llamado al gobierno a revisar su posición.
“El viaje de la Comisión a Nicaragua, previsto para los días 16 y 17 de septiembre, tenía por objeto dar cumplimiento a su mandato de llevar a cabo gestiones diplomáticas al más alto nivel a fin de procurar una solución pacífica y eficaz para crisis política y social en Nicaragua”, afirmó la comisión, integrada por representantes de Argentina, Canadá, Estados Unidos, Jamaica y Paraguay, en un comunicado.
En el mismo texto de la comisión, informa que la dictadura de Daniel Ortega había sido notificada del viaje, ya que “la intención de la Comisión es interactuar de manera constructiva con sus autoridades, así como con actores relevantes de la sociedad civil, con el fin de establecer un proceso de diálogo y alcanzar una solución a la situación que atraviesa el país”.
En tanto el congresista Albio Sires, uno de los patrocinadores de la Ley de sanciones contra el régimen de Ortega, aseguró que la dictadura podría enfrentarse a más sanciones económicas ante la negativa de permitirle el ingreso a la comisión.
Por su parte, el presidente del Comité de Relaciones exteriores de la Cámara Baja, Eliot Engel, le cuestionó al dictador Daniel Ortega si tenía algo que ocultar para no permitirle el ingreso a los miembros de la Comisión.
Represión sigue al rojo vivo
La Oacnudh en meses anteriores dijo que la situación en Nicaragua le preocupa porque “continúa siendo volátil”, porque las detenciones ilegales de los manifestantes y los procesos judiciales arbitrarios continúan.
La actual crisis sociopolítica en el país inició el 18 de abril de 2018, cuando empezaron las
manifestaciones como reacción a las reformas de la Ley de Seguridad Social, que fueron reprimidas con violencia por el régimen y aumentó la inconformidad social por el número de personas asesinadas, en su mayoría jóvenes (328).
Ahora, el malestar social se mantiene en demanda de investigación de los asesinatos, justicia, democracia, reformas electorales y elecciones transparentes.
El Diálogo Nacional entre el régimen orteguista y la Alianza Cívica, retomado en febrero de 2019 se encuentra paralizado desde el 16 de mayo de 2019, cuando un custodia asesinó al preso político Eddy Montes, dentro del Sistema Penitenciario Nacional Jorge Navarro en Tipitapa.
135 presos políticos del régimen de Daniel Ortega continúan en cautiverio en el Sistema Penitenciario Nacional Jorge Navarro. Todos están acusados por delitos comunes.
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