LA VOZ DE GOICOECHEA.- El sábado 14 de setiembre Albino Vargas, secretario general de la Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEP), juramentó a 5 taxistas que –a partir de ese momento-conforman una nueva seccional dentro de la organización gremial.
Esta nueva alianza surge en momentos donde los taxistas están disconformes con el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo por un nuevo proyecto de ley–presentado el 11 de setiembre- que pretende regular la operación de Uber en Costa Rica.
La propuesta no gustó en nada a los taxistas y a sus organizaciones. Sin embargo, no es lo único: el descontento de los transportistas se cruza con las otras molestias sostenidas por la ANEP y podría detonar en un vínculo ante los llamados de protesta en las calles.
“Hay que aclarar que las organizaciones afiliadas a la Comisión Nacional de Organizaciones de Taxistas no somos los que nos estamos afiliando a la ANEP. Es un grupo de excelentes compañeros, honestos y trabajadores que se afilian como seccional. No es la Organización Nacional de Taxistas”, explicó Gilbert Ureña, presidente del Foro Nacional de Taxistas.
Así las cosas, quienes se unieron a ANEP son taxistas particulares que no tienen una participación directa en los liderazgos de los grupos que tradicionalmente se conocen y que se encargan de llevar el peso de las negociaciones políticas.
Ureña explicó que las organizaciones del sector se unen en “momentos estratégicos” con la ANEP y otros sindicatos. Es decir, la actualidad puede ser uno de ellos.
“En este momento estamos en esas conversaciones, dependiendo de todo lo que pueda pasar en los próximos 3 días. Estamos unidos a la lucha, como lo hemos hecho en otras oportunidades”, dijo el dirigente.
Lo que viene
El sábado 14 de setiembre las agrupaciones de taxistas se reunieron en Alajuela para determinar las acciones a seguir tras la reciente presentación del proyecto de ley que regularía Uber. Según Ureña, la propuesta no los beneficia en nada y –para ellos- es claro que el plan se decanta más por las aplicaciones móviles que gestionan el transporte privado de personas.
“No hay nada que nos sirva a nosotros. Elimina todo lo que tiene que ver con Uber. Lo liberalizan, no tienen tarifa y lo transforman al transporte privado. El proyecto es rechazado íntegro por nosotros. Nos estuvieron bailando y sentándonos en comisiones. Todavía tenemos tiempo de estar en algún movimiento nacional bonito, con otra gente”, subrayó el dirigente.
El plan de los diputados hace referencia a que los taxistas no tendrán que pagar el 13% del Impuesto al Valor Agregado (IVA) al tratarse de un servicio público en contraposición a Uber. Sin embargo, no hay nada más que los contemple.
Lo que sí establece el proyecto es que cada chofer que quiera brindar servicios de transporte privado de personas a través de Uber, u otras plataformas digitales similares, tendría que pagar un derecho de operación anual equivalente al 20% de un salario base (₡446.200). Es decir, un monto de ₡89.240.
Esos recursos serán recaudados por la Tesorería Nacional y se acumularán para distribuirse en 3 vías distintas: un 75% de los dineros irán al Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer) para atender gastos de capital 20% al Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac) para ese mismo fin y un 5% al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) para atender gastos operativos en virtud del registro de los conductores y las labores fiscalización de la ley.
Por otra parte, las plataformas tendrían que pagar un derecho de operación que ronda los ₡9 millones. Este rubro deberá pagarse en un 50% cada 4 años.
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