Fiscales declaran que no recibieron presiones de Ottón Solís ni de Margarita Bolaños

LA VOZ DE GOICOECHEA.- Ottón Solís, Margarita Bolaños, ni ninguna otra autoridad partidaria, tuvieron responsabilidad en los hechos que condujeron al condenatorio penal por los contratos de servicios especiales suscritos por el PAC con partidario en el año 2010.  
Así lo confirmaron Alexander Valverde y Greysa Barrientos, los dos fiscales a cargo de este proceso penal.  
Ambos fueron claros en que se realizó un trabajo riguroso y sin recibir presiones de ninguna naturaleza. Ante las preguntas de Gustavo Viales e Ivonne Acuña, miembros de la Comisión que investiga campañas electorales del Partido Acción Ciudadana (PAC), los fiscales reiteraron no haber recibido presiones a lo interno del Ministerio Público, ni de autoridades del PAC.  
Los representantes del Ministerio Público declararon que realizaron un trabajo muy completo durante 4 meses con la revisión de cientos de documentos, 200 testigos, para llegar a formular la acusación en los términos que se hizo y que con toda la prueba documental que se analizó no había responsabilidad de las autoridades del Partido Acción Ciudadana.  
De esta forma y de manera consistente respondieron, además, ante las preguntas del diputado del partido Unidad Social Cristiana, Pedro Muñoz, cuando trata de insistir y señalar lo que él considera deficiencias del Ministerio Público.  
La diputada Catalina Montero sostuvo, con base en las respuestas de los comparecientes, que el desarrollo del juicio no arrojó ningún elemento nuevo probatorio que pudiera dar mérito para acusar a más personas en este caso.  
“Está muy claro -como lo indicaron bajo juramento los dos fiscales- que no hubo elementos nuevos durante el juicio que pudieron señalar responsabilidades de otras personas del Comité Ejecutivo, Comisión Política o del comando de la campaña”. dijo.  
Una vez más en esta nueva comparecencia se reitera la falsedad de las presiones que se recibieron en estas indagaciones, tal como también lo han señalado las autoridades del Tribunal Supremo de Elecciones y la Contraloría General de la República.

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