La iniciativa se presentó bajo el expediente 20.648 desde diciembre de 2017, pero su trámite fue retomado por la diputada Karine Niño. desde su llegada al Congreso.
Los diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron este jueves de forma definitiva el proyecto de ley que permitirá inhabilitar por períodos de entre 3 y 10 años a las constructoras que, “sin justa causa”, registren incumplimientos ‘graves’ de sus contratos.
La aprobación llegó con el apoyo de 42 diputados, como estaba previsto; después de que la Sala Constitucional resolvió una consulta hecha por 11 diputados, que detuvo el trámite del proyecto por mes y medio.
Después de que la SC resolvió la consulta hecha por 11 diputados, hoy se aprobó el proyecto para inhabilitar por períodos de 3 a 10 años a las empresas que "sin justa causa" incurra en incumplimientos graves (detallados) en materia vial.
La iniciativa toma como incumplimientos graves aquellas “acciones u omisiones del contratista que ocasionen incumplimientos en el proyecto de infraestructura vial pública, que pongan en peligro la vida o la seguridad de las personas”; así como “las conductas atribuibles al contratista, que causen retrasos y encarecimientos de la obra no previstos y que no logren ser resarcidos en su totalidad mediante la ejecución de otros medios sancionatorios regulados en el cartel y en el contrato”.
También incluye “los incumplimientos reincidentes del contratista en la ejecución del objeto contractual sobre los cuales ya ha sido sancionado previamente”, “las causas atribuibles al contratista que conlleven la resolución contractual en sede jurisdiccional” y “las demás faltas graves que así sean establecidas en el cartel y en el contrato”.
La principal propulsora de la iniciativa, la diputada Karine Niño, del Partido Liberación Nacional (PLN), aseguró en el Plenario legislativo que esta modificación permitirá promover una “mayor eficiencia en el uso de los recursos públicos” y celebró la aprobación, que pudo concretarse a pesar de la oposición de la Cámara de Constructores y de otros “sectores poderosos”.
En su momento, Niño incluso denunció que la consulta de constitucionalidad no contaba con dudas expresadas por los diputados firmantes en medio de la discusión de la iniciativa, sino que parecía simplemente una copia de dudas expuestas por personas externas al Congreso, incluido el exdiputado libertario Otto Guevara.
No obstante, la consulta no detuvo el proyecto ni encontró vicios que dieran al traste con su aprobación (o el contenido del texto), por lo que se pudo realizar sin ningún problema el segundo debate (definitivo).
En el Plenario, el proyecto recibió el visto bueno de diputados de todas las fracciones, incluidos varios de los que firmaron y enviaron la iniciativa a consulta de la Sala Constitucional.
Esta ley, que reforma la Ley de Contratación Administrativa, entrará en vigencia tan pronto se publique oficiaalmente y reciba la firma del Presidente de la República, Carlos Alvarado.
La resistencia ante las presiones, así expuesta por la diputada Niño, fue también destacada por diputados como Paola Vega y Luis Ramón Carranza, del Partido Acción Ciudadana (PAC); Yorleny León, del PLN; y José María Villalta, del Frente Amplio (FA).
Vega, por ejemplo, dijo experimentar lo mismo que denunció Niño en temas como las restricciones para el uso de plásticos; mientras que Villalta ironizó diciendo que “un diputado que nunca encuentre reacciones probablemente solo aprueba minutos de silencio”.
Además de la elevación en el castigo de las inhabilitaciones, el texto también elimina el apercibimiento como parte de ese proceso.
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