“Quieren asegurarse de que Costa Rica le anuncie al mundo que este no es un lugar seguro para los traficantes de drogas, y si ellos quieren dejarse ese dinero, que no vengan al país”, dijo Stephen Andersson, asesor legal sénior del Departamento de Estado.
Un funcionario del Departamento de Estado visitó el país esta semana para promover la ley que le permitiría al Estado confiscar bienes de origen ilícito, lo que consideran necesaria para luchar contra el narcotráfico.
Versiones anteriores del proyecto han sido criticadas al permitirle al Gobierno incautar bienes que el dueño no pueda justificar, violentando así la presunción de inocencia.
No obstante, se pueden corregir las partes que amenazaban derechos fundamentales y aun así dejar una ley fuerte que permita decomisar los bienes comprados con las ganancias ilícitas, según Stephen Andersson, quien es asesor legal sénior de la división de Narcóticos y Ejecución de la Ley.
Por esto, Andersson se reunió esta semana con unas 15 personas, incluyendo diputados y sus asesores, funcionarios del Poder Ejecutivo y una jueza de la Sala IV.
“Queremos quitarle la propiedad a los que hicieron mal, pero las personas inocentes no deberían sufrir, y creo que eso es parte de lo que genera controversia entre cierta parte de la población, al sentir que esto sería una herramienta mal utilizada por algún Gobierno para tomar ilegalmente una propiedad”, dijo Andersson.
Una recomendación sería reducir la lista de actividades ilícitas del texto, dejando las más importantes o comunes, como el narcotráfico, lavado de dinero, contrabando y la corrupción pública de alto nivel.
La evasión fiscal y delitos tributarios, incluida en la última redacción, es algo que no es común en Estados Unidos y que podría causar problemas, según Andersson.
Además, si alguna actividad se considera necesaria más adelante, se puede agregar cuando ya se demuestre que la ley está funcionado bien.
Las autoridades judiciales costarricenses más bien han resistido que se delimite una lista, proponiendo que sea aplicable a toda actividad contraria al orden jurídico.
El rol de Estados Unidos en estos temas es asesorar, ya que usa este tipo de leyes desde mediados de los 1980s, agregó.
“Esta idea de extinción de dominio es un concepto relativamente nuevo, que probablemente solo se ha practicado durante los últimos treinta años, pero está agarrando impulso en todo el mundo y es algo que las Naciones Unidas está promoviendo. Dentro del narcotráfico hay personas que se dan a la fuga o mueren, o que ponen todo a nombre de otras personas, entonces se necesita algo más que la confiscación en el proceso penal”, dijo.
La ley debe de dejar claro que la responsabilidad siempre será del Gobierno para demostrar una relación ilícita, y no de la persona de justificar su origen.
“No me pareció que fuera lo suficientemente fuerte en términos de la redacción de la carga de la prueba, entonces mi recomendación es que se necesita tener un texto claro de que esta carga recae sobre el Gobierno”, agregó.
Finalmente, se debe valorar si es constitucional hacerlo con retrospectiva de hasta quince años, como se propone.
Andersson encontró que los diputados están comprometidos con el proyecto y con los cambios que se deben hacer.
“Quieren asegurarse de que Costa Rica le anuncie al mundo que este no es un lugar seguro para los traficantes de drogas, y si ellos quieren dejarse ese dinero, que no vengan al país. Es un tema de hacer esa advertencia, no te queremos aquí”, dijo.
¿QUIÉN ES?
Nombre Stephen Andersson
Cargo Asesor legal sénior de la división de Narcóticos y Ejecución de la Ley del Departamento del Estado
Experiencia
- Más de 30 años de experiencia en crímenes relacionados con drogas en el Departamento de Justicia de los Estados Unidos
- Asesor legal del Departamento de Justicia en Iraq y Nigeria
Formación
- Abogado de la Universidad de Chicago
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