Esto luego de que la Sala Constitucional determinara que la iniciativa no tenía violaciones a los principios constitucionales.
La Administración, una vez concluido el debido proceso, inhabilitaría para participar en los procedimientos de contratación administrativa relacionados con proyectos de infraestructura vial pública, por un periodo de tres a diez años según la gravedad de la falta, a la persona física o jurídica que, sin justa causa, incumpla o cumpla de manera defectuosa con el objeto del contrato, o infrinja los programas de trabajo pactados.
Dicha sanción aplicaría para participar en los procesos de contratación administrativa desarrollados por la Administración central, la descentralizada y las municipalidades.
La inhabilitación será comunicada a la Contraloría General de la República, quien llevará un registro centralizado al respecto y lo comunicará a las proveedurías institucionales que correspondan.
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