LA VOZ DE GOICOECHEA.- Durante una sesión ordinaria del Consejo Permanente de la OEA este miércoles, el régimen consideró que "no reconoce ningún grupo de trabajo o comisión que no haya sido solicitada"
A pesar de la decisión, la comisión aseguró que continuará con «las tareas que le fueron encomendadas por la Asamblea General ante el deterioro de las instituciones democráticas y los derechos humanos en Nicaragua. Consejo Permanente de la OEA.
El régimen de Daniel Ortega reiteró este miércoles su posición de no permitir el ingreso de ninguna comisión al país «que no cuente con la debida autorización del Estado, libre y soberano de la República de Nicaragua», luego que se negara el fin de semana la entrada a los integrantes de la comisión de alto nivel de la Organización de Estados Americanos (OEA) que busca una solución negociada a la crisis sociopolítica.
Durante la intervención de la representación del régimen en una sesión ordinaria del Consejo Permanente de la OEA este miércoles el orteguismo consideró que «no reconoce ningún grupo de trabajo o comisión que no haya sido solicitada».
El sábado, por medio de una circular de la Dirección General de Migración y Extranjería, la dictadura prohibió el ingreso al país a los miembros que forman la comisión de alto nivel diplomático: Elisa Ruiz Díaz Bareiro, representante permanente de Paraguay ante la OEA; Leopoldo Francisco Sahores, subsecretario de Asuntos de las Américas del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la República Argentina; Sebastien Sigouin, director de Asuntos Globales de Canadá para Centroamérica, Cuba y República Dominicana; Carlos Trujillo, representante permanente de los Estados Unidos ante la OEA, y Audrey Marks, representante permanente de Jamaica ante la OEA.
Asimismo negó la entrada al jefe de gabinete del secretario general de la OEA, Gonzalo Koncke, y al oficial de prensa de la organización, Pablo Sandino Martínez.
Régimen señala «actos inamistosos»
En el discurso de la delegación del régimen de este miércoles en la OEA y que fue distribuido por la vicepresidenta designada, Rosario Murillo, la dictadura aseguró que «la persistencia de tratar de imponer dinámicas y directrices no solicitadas, ni autorizadas por el Gobierno de Nicaragua, constituyen actos inamistosos, y de avasallamiento de la soberanía nacional del Estado nicaragüense».
Asimismo pidió que tales actos, considerados «inamistosos» , deben de cesar porque son «violatorios de los principios de la Carta de la OEA y de los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas».
Diferentes organizaciones y personalidades expresaron su rechazo a la decisión del régimen. La misma comisión, que fue formada el pasado 30 de agosto en la OEA, expresó su «malestar» por la prohibición y pidió al régimen que revisara su posición.
La comisión, prevista a entrar al país el lunes 16 de septiembre, tiene como misión realizar “esfuerzos diplomáticos al más alto nivel” “para encontrar una solución pacífica y efectiva a la crisis política y social en Nicaragua”. Deberá presentar un informe en un plazo de 75 días al Consejo Permanente de la OEA.
Según el régimen, como la comisión no fue solicitada «su existencia no genera ningún efecto vinculante y es de nulidad absoluta para nuestro país».
A pesar de la decisión, la comisión aseguró el domingo que continuará con «las tareas que le fueron encomendadas por la Asamblea General ante el deterioro de las instituciones democráticas y los derechos humanos en Nicaragua.
Durante la sesión, los integrantes de la comisión condenaron nuevamente la «desafortunada decisión del Gobierno de Nicaragua de prohibir su entrada a ese país» y aseguraron que fue «una flagrante falta de cortesía» el que el régimen orteguista haya divulgado información privada – personal del vuelo de los miembros de la Comisión.
«El compromiso constructivo del Gobierno de Nicaragua con la comisión, en el marco de un futuro proceso de diálogo, serán elementos críticos en la evaluación colectiva de la situación e informaran las decisiones futuros en virtud de la Carta Democrática Interamericana», enfatizó la Comisión.
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