La iniciativa, que se encuentra en la Comisión de Derechos Humanos, busca garantizar el agua como derecho humano fundamental, al considerarse un recurso esencial para la vida.
La Contraloría indicó en el estudio que el proyecto plantea lo mismo que ya había sido presentado en otro denominado “Adición de varios párrafos al artículo 50 de la Constitución Política para reconocer el Derecho Humano al Agua” del 2012. Y que en ese momento se habían realizado algunas observaciones, siendo la principal la necesidad de crear un marco legal integral para la protección y aprovechamiento racional de este fundamental recurso.
“La existencia de competencias residuales y compartidas de tantas instituciones públicas que ya intervienen en la toma de decisiones para el manejo, uso y conservación del agua, resulta de vital importancia no incrementar la complejidad ya existente en la institucionalidad que opera los asuntos relativos al recurso hídrico, lo cual hace complejo e ineficiente la toma de decisiones en la materia”, señaló el ente contralor.
Este marco legal integran debe tener: Simplificación de trámites y toma de decisiones.
La separación de funciones debe ser precisa y distinguir la rectoría de los operadores del modelo. Las regulaciones deben ser suficientes para proteger la cantidad y calidad del agua superficial y subterránea.
Asegurar un conocimiento razonable del recurso para fundamentar la planificación y la toma de decisiones. La existencia de sistemas de monitoreo de la cantidad y calidad del agua. Estrategias para resolver sobre sitios contaminados. La gestión del recurso respalda la salud y función de los ecosistemas. El sistema para asignar los usos del agua es justo y asegura el acceso según prioridades. Previsión de medidas para adaptación al cambio climático y crecimiento de la población y la economía. Gestión del recurso hídrico basada en información científica pública, mediante un sistema de información hidrogeológica integrado, compartido y de acceso público. Instrumentos de ordenamiento y protección del recurso hídrico relativo a las zonas de vulnerabilidad y los usos de suelo compatibles o restrictivos para la protección de dicho recurso.
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