LA VOZ DE GOICOECHEA.- Autoridades del Ministerio de Justicia y Paz y del Ministerio de Salud se reunieron este viernes con Jueces de Ejecución de la Pena y Defensores Públicos del Poder Judicial para coordinar acciones conjuntas ante el brote de parotiditis en los centros penales del país.
El Poder Judicial como actor del sistema de justicia tiene contacto con la población privada de libertad, de manera que las autoridades de Justicia y Paz y el Ministerio de Salud informaron a cada uno de ellos la condición de los centros penitenciarios para que no se vean afectados tanto los funcionarios judiciales como la población privada de libertad en las atenciones técnicas que debe recibir.
Está previsto que los funcionarios judiciales se incluyan en el esquema de vacunación. Hasta la fecha se reportan 164 casos de parotiditis en los centros penitenciarios del país de los cuales 48 siguen en desarrollo (las personas están en aislamiento).
CAI Jorge Arturo Montero (Reforma): 4 casos, todos permanecen en aislamiento
CAI Gerardo Rodríguez (San Rafael de Alajuela): 59 casos de los cuales 19 se encuentran en aislamiento
CAI Luis Paulino Mora (San Rafael de Alajuela): 11 casos en aislamiento
CAI Calle Real, Liberia: 1 caso
CAI Carlos Luis Fallas (Pococí): 60 casos de los cuales 5 se encuentran en aislamiento
CAI Antonio Bastida de Paz (Pérez Zeledón): 24 casos de los cuales 5 se encuentran en aislamiento
CAI Marcus Garvey (Limón): 5 casos de los cuales 3 se encuentran en aislamiento.
CAI Gerardo Rodríguez (San Rafael de Alajuela): 59 casos de los cuales 19 se encuentran en aislamiento
CAI Luis Paulino Mora (San Rafael de Alajuela): 11 casos en aislamiento
CAI Calle Real, Liberia: 1 caso
CAI Carlos Luis Fallas (Pococí): 60 casos de los cuales 5 se encuentran en aislamiento
CAI Antonio Bastida de Paz (Pérez Zeledón): 24 casos de los cuales 5 se encuentran en aislamiento
CAI Marcus Garvey (Limón): 5 casos de los cuales 3 se encuentran en aislamiento.
En el caso de Liberia, el Ministerio de Justicia fue notificado este día de la orden sanitaria para dejar sin efecto las visitas familiares y conyugales, así como el traslado de privados de libertad a otros centros.
Entre los acuerdos tomados esta mañana se indicó que las autoridades del Ministerio de Justicia y Paz y el Ministerio de Salud se reunirán con altos jerarcas del Poder Judicial para definir una hoja de ruta a fin de no entorpecer el trabajo de los funcionarios judiciales y proveerles toda la información y seguimiento sobre el brote de paperas.
Otro de los acuerdos es vacunar a funcionarios judiciales que tienen contacto con la población privada de libertad.
La ministra de Justicia y Paz, Marcia González, indicó que ha esta semana se tienen siete centros penales cerrados y eso genera retos adicionales como sistema penitenciario que no se pueden resolver solos.
“Esto nos lleva a coordinar con otras instituciones. Agradezco mucho el apoyo que hemos estado teniendo tanto de la Caja Costarricense de Seguro Social como del Ministerio de Salud no solo para contener este brote, sino para evitar que haya algún tipo de propagación hacia la población en general”, indicó la jerarca.
Durante esta semana se han extremado las medidas y más de 400 personas entre personal técnico, Policía Penitenciaria y privados de libertad han recibido la vacuna.
Por otra parte, las autoridades del Ministerio de Justicia y Paz y del Ministerio de Salud han visitado los centros afectados por el brote para conversar, cara a cara, con los privados de libertad. A ellos les remarcaron la importancia de extremar las medidas higiénicas y acatar las recomendaciones del personal de Salud.
El doctor Rodrigo Marín, director de Vigilancia de la Salud, indicó que una de las medidas que están tomando es reforzar las medidas higiénico-sanitarias a nivel de los centros penitenciarios del país y lograr la vacunación no solo de los privados de libertad, sino que también a todo el personal penitenciario que trabaja junto a ellos.
La población meta a vacunar es de aproximadamente de 8000 personas que incluye a privados de libertad, custodios, personal penitenciario y trabajadores del Poder Judicial.
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