Goicoechea, 2 de setiembre de 2019.- De los datos suministrados por el Ministerio de Hacienda se desprende que la deuda pública tiene un costo para el país de ¢11.000 millones por día. En el presupuesto de 2020 se incluyen más de ¢4,01 billones para el pago, que incluye amortización, más intereses.
Según esa cartera, la única forma de hacer frente a este escenario es aplicando la regla fiscal (recorte al gasto), introduciendo los cambios en empleo público y aprobando recursos externos para sortear la situación hasta que haya más recursos frescos.
No será hasta 2023 cuando la deuda se estabilice, según la ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, pero hasta 2040 empezaría a reflejar una verdadera mejora.
Tal como se mencionó, para 2020 hay un menor componente destinado a amortizaciones y eso da una especie de respiro.
Se estima que para este año un 48% del presupuesto de la República se financie por medio de deuda, mientras que el 52% lo hará por impuestos.
Esto revierte lo que venía ocurriendo en años anteriores, y de acuerdo con la ministra Aguilar, lo que muestra es que las finanzas públicas avanzan poco a poco hacia la sostenibilidad fiscal.
El proyecto de presupuesto 2020 incorpora ingresos por ¢5,6 billones y gastos por ¢10,5 billones, resultando una diferencia de ¢5,0 billones, que se financiará con la colocación de títulos valores en el mercado interno.
De 2010 a 2018 las necesidades de financiamiento representaron en promedio el 10,6% del Producto Interno Bruto (PIB). Para 2019 y 2020 se estima que alcancen el 12,3% y el 13,0%, respectivamente.
El saldo de la deuda de gobierno estimado para el cierre de 2019 se estima en ¢21,6 billones, lo que equivale a un 59,3% del PIB, mientras que para 2020 se proyecta en ¢24,9 billones, lo que representaría un 64,7% de dicho indicador.
Hacienda advirtió que es importante poner de manifiesto el riesgo existente en 2019 de alcanzar el umbral del 60,0% de la relación deuda/PIB, ya que se estima cerrar 2019 en alrededor del 59,0%.
Esto supone una vulnerabilidad muy alta de que, ante cualquier evento negativo en el crecimiento económico, la recaudación fiscal, la confianza del mercado financiero, el tipo de cambio o las tasas de interés, dado que si se llegara al 60% se recurriría a una aplicación acelerada de la regla fiscal.
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