LA VOZ DE GOICOECHEA.- El proyecto que presentó Franggi Nicolás, diputada de Liberación Nacional, junto con otros once legisladores no busca permitir la huelga en los servicios públicos esenciales.
Lo que sí debe cambiar es la agilidad de los juzgados de trabajo para determinar la legalidad o no de una huelga, según la legisladora.
“Las huelgas en servicios esenciales ya están reguladas en el Código de Trabajo desde 1943, y en 75 años no han funcionado, este esquema lo único que ha ocasionado son huelgas más lesivas para los ciudadanos y para las personas usuarias de servicios públicos. A todos nos interesa tener la seguridad jurídica sobre la legalidad o ilegalidad de una huelga, mientras que sea en un plazo corto, y esto lo garantiza mi texto sustitutivo”, dijo Nicolás.
Con la asesoría del sindicalista Albino Vargas, 12 diputados de varios partidos pretenden descarrilar la ley que regularía la huelga en los servicios públicos esenciales, esto por medio de un texto sustitutivo.
A diferencia del proyecto de Carlos Ricardo Benavides, que prohíbe las protestas para los servicios que pongan en riesgo la salud, la vida o la seguridad de las personas, el plan de Nicolás permite las huelgas a todos los trabajadores públicos, incluidos policías y los funcionarios del sector salud.
Por otra parte, en caso de que una huelga sea declarada ilegal, el rebajo de salarios no podría ser retroactivo, lo que abre un portillo para la impunidad y que los trabajadores se vayan a protestar durante meses, como sucedió el año pasado en torno a la aprobación del plan fiscal.
El nuevo texto es impulsado también por Paola Valladares y Daniel Ulate, del PLN, Ignacio Alpízar, Harllan Hoepellman, Carmen Chan y Nidia Céspedes, de Nueva República, Wálter Muñoz y Patricia Villegas, del PIN, Shirley Díaz, del PUSC, y Dragos Dolanescu, del Republicano.
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