Goicoechea, 31 de agosto de 209.- La Contraloría General de la República emitió su Informe de Evolución Fiscal y Presupuestaria del Sector Público, correspondiente al primer trimestre de este año.
En este, la institución asegura que la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (Ley 9.635), así como la regla fiscal son medidas “sanas” para contrarrestar la crisis económica que vive el país.
“La mera aprobación de la Ley N° 9.635 está lejos de significar una solución definitiva a la problemática fiscal del país; tampoco es una solución completa. La incorporación de la regla fiscal –que, por cierto, no es la primera que se consagra en una norma de carácter legal– constituye una sana práctica de Hacienda Pública, de la cual pretenden eximirse diversas instituciones; situación similar ocurre con los cambios en la Ley de salarios, lo que podría socavar el efecto de la reforma”, señala la entidad en el informe.
La Contraloría advierte que, de no tomar las medidas necesarias, la economía del país podría presentar un declive importante, lo que vendría a agravar la situación financiera del país. Además, señala que la aplicación de reformas financieras debe darse en el sector público “como un todo”.
“Es evidente, además, que esta problemática trasciende al Gobierno Central, y corregir el carácter estructural del desbalance fiscal implica impulsar reformas atinentes al sector público como un todo, toda vez que el país es uno solo y la falta de solución al problema fiscal o el retraso en la consolidación completa de la reforma, tendría consecuencias para todos los agentes: familias, empresarios, administración central e instituciones descentralizadas”, señala el informe.
El panorama de las finanzas públicas resulta poco halagador al 30 de junio de 2019, señala la entidad. En el Gobierno Central, los gastos crecen más rápidamente que los ingresos; al primer semestre el gasto corriente creció un 6,3% respecto al primer semestre de 2018, mientras que los ingresos corrientes –sin amnistía tributaria- lo hicieron a una tasa del 0,8% (6,7% considerando la amnistía). Ante la insuficiencia de los ingresos para atender los compromisos de gasto, el endeudamiento interno se ha incrementado de forma acelerada, al primer semestre de 2019 la colocación de títulos valores internos es un 42,9% mayor que la del mismo periodo del año anterior.
Como consecuencia de lo anterior, al cierre de 2018 el Gobierno Central registró un endeudamiento del 53,9% del PIB, al mes de julio de 2019 este porcentaje ascendió al 54,2% del PIB y se espera que para el cierre del ejercicio se sitúe en torno al 59,1% del PIB y sobrepase el 60% en 2020 (62,0% según las proyecciones más recientes del Banco Central de Costa Rica, BCCR).
Por su parte, el nivel de endeudamiento incide directamente en el pago de intereses, que al primer semestre suma ¢707.754 millones, 18% más que el gasto en esta partida a junio de 2018.
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