La orden la dio la Sala Constitucional por motivos de salud pública, ante la falta de los sistemas adecuados para las aguas negras y manejo de desechos.
El operativo fue realizado por la Fuerza Pública, Migración, el Patronato Nacional de la Infancia, el Ministerio de Vivienda, la Compañía Nacional de Fuerza y Luz y el Ministerio de Salud.
Según se reporta en el precario hay en la actualidad unas 200 familias.
En enero pasado el gobierno había realizado un desalojo ‘humanitario’ del precario para la realización de las obras del proyecto Arco Norte de Circunvalación y su conexión con la Ruta 32.
En ese momento el presidente de la República, Carlos Alvarado Quesada calificó el desalojo ‘humanitario’ como un ‘hito y un caso emblemático’.
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