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Fiscalía investiga a Luis Guillermo Solís por hueco en presupuesto del 2018 para pagar deuda pública


LA VOZ DE GOICOECHEA.-    Ministerio Público confirma causa judicial por el delito de incumplimiento de deberes.


El expresidente Luis Guillermo Solís enfrenta una investigación por el delito de incumplimiento de deberes en relación con el hueco de ¢600.000 millones que su gobierno dejó en el presupuesto para pagar deuda pública en el 2018.

El Ministerio Público lo confirmó este martes ante consulta de La Nación, siete días después de que una comisión legislativa recomendara investigarlo por este hecho e inhabilitarlo para ejercer cargos públicos durante cuatro años.

El artículo 339 del Código Penal castiga “con pena de inhabilitación de uno a cuatro años, al funcionario público que ilegalmente omita, rehúse hacer o retarde algún acto propio de su función. Igual pena se impondrá al funcionario público que ilícitamente no se abstenga, se inhiba o se excuse de realizar un trámite, asunto o procedimiento, cuanto está obligado a hacerlo”.

La Comisión de Control de Ingreso y Gasto Públicos, en su informe del martes 23 de abril, concluyó que luego de investigar lo sucedido con el hueco en el presupuesto, también podrían recaer sanciones civiles y penales, además, de Solís, sobre el exvicepresidente y exministro de Hacienda, Helio Fallas; la tesorera nacional y ex viceministra de Hacienda, Marta Cubillo; la exdirectora de Presupuesto Nacional, Marjorie Morera; el exdirector de Crédito Público, Julio Espinoza; y el actual director de esta última dependencia, Melvin Quirós.

Los diputados, que comenzaron a investigar en agosto pasado este caso, sostienen que Solís se fundamentó en razones político-electorales para no presentar, al Congreso, un presupuesto lo suficientemente grande como para pagar la deuda pública que se había acumulado para el 2018.

Por el mismo motivo, añaden, no presentó a tiempo, en este caso en enero de ese año, a un mes de la elección presidencial, un presupuesto extraordinario para cubrir el faltante.

"Nos hace pensar que su intención real era ocultarle a estos diputados y diputadas, así como a la población costarricense, este hecho sin precedente alguno en el manejo de la hacienda pública”, concluye el informe de los legisladores de oposición. De nueve miembros de la comisión, solo Paola Vega, del Partido Acción Ciudadana (PAC), votó en contra.


FUENTE LA NACION


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