LA VOZ DE GOICOECHEA.- Cumplir con las metas anuales definiría la permanencia de los mandos medios en el gobierno de ahora en adelante gracias a un “sistema riguroso de evaluación incluido en la ley de empleo público”, según Pilar Garrido, ministra de Planificación.
Se trataría de mejorar los servicios que brindan las instituciones, al contar los jerarcas que respondan a criterios de idoneidad y no que permanezcan en sus cargos por antigüedad.
Los nombramientos se harían por períodos máximos de seis años, con posibilidad de una prórroga anual que estaría sujeta a la evaluación bajo el criterio que “a mayor responsabilidad, mayor rigurosidad”.
La medida de acatamiento obligatorio abarcaría a jefaturas, subgerencias, gerencias y directivos de todas las instituciones públicas.
Todavía no se tienen claros los detalles sobre cómo evaluar desempeño, pero la máxima autoridad institucional, los subalternos de los mandos medios y la ciudadanía —mediante la Contraloría de Servicios— asignarían una nota, las que se uniría a otra calificación que surgiría del cumplimiento de metas.
La evaluación de desempeño afectaría también a los trabajadores ordinarios del sector público que podrían ser despidos sin responsabilidad patronal al obtener dos calificaciones consecutivas menores a 70 en su desempeño.
Los proyectos son respaldados por el sector productivo, que promueve una mayor eficiencia del Estado y recorte en el gasto público.
En cuanto a los diputados, no sería posible evaluarlos y relevarlos de sus funciones con la futura ley, ya que la Constitución Política los protege, mientras que en el caso de los ministros corresponderá al presidente Carlos Alvarado determinar si uno de ellos merece ser despedido.
La ley de empleo público que discuten los diputados es complementaria al plan fiscal que se aprobó el año pasado.
La primera establece un salario único por puesto laboral, además de un nuevo sistema de medición y rendición de cuentas, mientras que la otra normativa ajusta los pluses salariales que reciben los burócratas.
Diferencias abismales
Las anualidades en el sector público han generado un abismo entre funcionarios públicos que ocupan los mismos puestos, a tal punto que las diferencias en cuanto a las remuneraciones alcanzan los ₡800 mil para puestos no profesionales y ₡3 millones para trabajadores profesionales, según la Contraloría (trayectoria se refiere a años laborados, porcentaje se refiere a la cantidad de burócratas que reciben cierta cantidad de anualidades).
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