LA VOZ DE GOICOECHEA.- El régimen incumple el compromiso suscrito con organismos internacionales y mantiene en prisión a los detenidos durante las protestas del último año.
En Nicaragua hay 779 presos políticos detenidos durante las protestas del último año (fotos: gentileza La Prensa/Nicaragua)
La principal moneda de negociación de Daniel Ortega son los presos políticos. Según las listas del Comité de Presos Políticos de Nicaragua, actualmente hay 779 personas en la cárcel por oponerse al régimen de Ortega. Ese "capital" le ha servido para sentarse a negociar con la oposición en busca de un salvavidas que le permita sortear la crisis que vive el país.
Este 19 de abril se cumplió un año de la crisis en Nicaragua. Comenzó cuando grupos de ciudadanos, principalmente jóvenes y ancianos, salieron a las calles a protestar por las reformas a la seguridad social que aumentaban las cotizaciones y reducían las pensiones. Fueron reprimidos violentamente por simpatizantes del gobierno y la Policía. En vez de apaciguar la protesta, la represión detonó una insurrección. Miles de ciudadanos realizaron marchas multitudinarias para exigir un cambio de gobierno. Para protegerse de la represión, los opositores comenzaron a levantar barricadas en barrios y carreteras, a tal punto que un mes más tarde Nicaragua estaba casi paralizada.
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Gran parte de los presos políticos fueron detenidos por paramilitares sin atención a ninguno de los requisitos que exige la ley.
La respuesta del régimen fue brutal: policías y paramilitares salieron en caravanas con armas de guerra a desbaratar a sangre y fuego la protesta.Ortega impuso una paz militar que dejó al menos325 muertos, más de cuatro mil heridos y unos 800 detenidos. Otros 40 mil nicaragüenses salieron intempestivamente al exilio para protegerse.
Los presos políticos cumplen un doble propósito para Ortega: primero sirvieron para descabezar y disuadir la protesta y, luego, como moneda de cambio para negociar. "Los quiere tener de rehenes para lograr la impunidad de los paramilitares, igualando de manera perversa el legítimo ejercicio de derechos políticos con las acciones que produjeron delitos de lesa humanidad", dice Azahalea Solís, miembro de la comisión negociadora de la Alianza Cívica, que representa a la oposición.
A pesar que el gobierno ya suscribió un acuerdo que contempla la liberación de todos los presos políticos, parece dispuesto a cumplirlo a cuenta gotas y sin perder el control sobre ellos. Daniel Esquivel, miembro del Comité de Presos Políticos dice que el régimen de Ortega ha sacado de la cárcel a 236 ciudadanos, pero solo 18 de ellos tienen libertad total. Al resto solo se le cambio el régimen carcelario por "casa por cárcel" o "convivencia familiar".
Eso molesta mucho a Julio Montenegro, quien defiende a 85 presos políticos. "No entiendo la tardanza. No entiendo por qué poner tiempos y condiciones. No entiendo por qué casa por cárcel, o convivencia familiar. ¡Esas figuras ni siquiera aplican!", dice.
Rafael Solís era hasta enero pasado magistrado de la Corte Suprema de Justicia y uno de los más cercanos a Ortega. Renunció y se exilió, dice, molesto con la respuesta que dio el régimen a la protesta ciudadana. No cree que Ortega se desprenda fácilmente de su "capital" de presos políticos, y por el contrario, va a regatear con ellos hasta el final. "No los va a sacar porque son una de sus principales cartas de negociación. Perdería esa carta para seguir negociando. Ni siquiera los va a sacar en el plazo de 90 días (al que se comprometió). Te vas a acordar de mi", dice a Infobae vía telefónica desde Costa Rica. "Puede sacar pequeños grupos, pero siempre se va a dejar un núcleo que yo calculo entre 100 y 50 presos políticos que los tendrá ahí hasta el final".
Rafael Solís, en los tiempos en que era magistrado de la Corte y muy cercano a Daniel Ortega. Hoy cree que el presidente “ni siquiera liberará a los presos políticos en los 90 días” que se comprometió
El 20 de marzo, ante el acoso de la comunidad internacional y en busca de reactivar el diálogo con la oposición para lograr un respiro, el gobierno aceptó liberar a todos los presos políticos en un acuerdo con la Alianza Cívica y con la presencia como testigos de representantes de la OEA y el Vaticano. Los 90 días se cumplirían el 20 de junio. "Hasta ahora solo ha liberado 16" según las cuentas que lleva el Comité de Presos Políticos.
Para el sociólogo Oscar René Vargas, la estrategia de Ortega tiene la lógica de "el poder o la muerte". "Sabe que soltar a los presos sería facilitar la posibilidad de que una nueva ola social se pueda producir, ya que las condiciones subjetivas y objetivas están dadas. Y en el caso de liberar a los presos políticos, sus posibilidades de permanecer en el poder se reducirían al mínimo. Por lo tanto, mantener a los presos políticos encarcelados es la garantía que la represión generalizada tenga el efecto buscado: limitar las protestas en demostraciones simbólicas".
Mantener a los presos políticos encarcelados es la garantía que la represión generalizada tenga el efecto buscado: limitar las protestas en demostraciones simbólicas
El abogado Julio Montenegro, junto con familiares de presos políticos en las afueras de los tribunales.
Eso mismo piensa Daniel Esquivel, esposo de Irlanda Jerez, una líder del Mercado Oriental de Managua, a quien el gobierno mantiene presa. "Tienen temor de que lo líderes le vuelvan a levantar las calles", dice Esquivel, quien se muestra "totalmente inconforme" con el tratamiento que han recibido los presos políticos en la negociación. "El gobierno porque no cumple los acuerdos y los otros (la Alianza Cívica) porque no tienen cómo hacerlos cumplir".
Para Montenegro, los argumentos legalistas que da el gobierno para explicar la tardanza en la liberación de los presos políticos son "pura justificación". "Lo que nació como una arbitrariedad no se puede resolver con lógica jurídica", dice. Montenegro se refiere a que la gran mayoría de ciudadanos presos fueron detenidos sin orden judicial alguna, muchas veces por civiles paramilitares que llegaban violentamente a sacarlos de sus casas, que no se han respetado muchas de las garantías procesales de los reos y que, en ocasiones, fueron detenidos como "terroristas" ejercer derechos como marchar, portar una bandera azul y blanco de Nicaragua o cantar el himno nacional.
"Lo que cabe es la anulación de los juicios", dice. "Ellos mismos me han dicho que se sienten como piezas de ajedrez, y lo que se está jugando ahí es la situación de ellos. No confían en las negociaciones. Se ha actuado de manera floja. La demanda debería ser más firme de parte de la alianza. Deberían quedar en libertan sin condición alguna".
Daniel Esquivel, miembro del Comité de Presos Políticos, reclama la libertad de su esposa, irlanda Jeréz.
Para el doctor Ernesto Medina, ex rector de la Universidad Americana y miembro de la Comisión negociadora de la Alianza Cívica, el juego que hace el gobierno con los presos políticos "es inhumano".
Dice que los tiene de rehenes, en parte para usarlos en la negociación y en parte para sostener ante sus bases la tesis del golpe de Estado y el castigo a los culpables.
Por ahora, la negociación se encuentra estancada. Desde el 3 de abril pasado, la Alianza Cívica abandonó la mesa alegando que el gobierno solo busca cómo ganar tiempo sin resolver nada. Y aseguró que solo volvería a sentarse si se cumplía con la liberación prometida.
Rafael Solís, que conoce bien a Ortega porque participó en muchas de las jugadas que lo llevaron al poder y a las posteriores reelecciones, recomienda a la Alianza Cívica no regresar al diálogo formal con el gobierno mientras no se liberen a todo los presos políticos. Daniel Ortega, dice, va a hacer todo para mantener el tema de los presos políticos en agenda por el mayor tiempo posible para "evitar llegar a los otros temas que son democracia y justicia. Lo que busca es llegar al 2021 y conseguir un acuerdo que le permita impunidad".
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