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| Fotografía con fines ilustrativos |
LA VOZ DE GOICOECHEA.- El Consejo de Transporte Público (CTP) defendió el proyecto de ley para regular las plataformas digitales, que crearía el Fondo Nacional de Movilidad para financiar la nueva flota de taxis durante ocho años.
Según Manuel Villalobos, director ejecutivo del CTP eso permitiría otorgar carros eléctricos a los taxistas y a la vez, contribuir con el plan de descarbonización del Gobierno.
Ese Fondo se financiaría con un 3% de cada viaje realizado mediante compañías que brinden ese servicio, como Uber y Beego.
El plan del Poder Ejecutivo es que ese Fondo también se alimente de los registros de empresas ya existentes y aquellas que quieran operar después de aprobada la ley.
El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (Mopt) propuso que eso se traduzca en 8 mil millones de colones por compañías ya instaladas en el país y de 46 millones de colones por las nuevas.
Diputados del PAC se "desalinean" y buscarán cambios drásticos a proyecto de Uber Aunque, ya los diputados oficialistas anunciaron que eliminarán esos montos en su totalidad, ya sea con mociones o bien, mediante un texto sustitutivo. Villalobos defendió que el CTP tiene la capacidad para administrar esos dineros.
La propuesta gubernamental es que durante los primeros ocho años después de aprobada la Ley, el 80% de los recursos se utilice para la modernización de la flota de taxis.
“El tema es que el Fondo de Movilidad en primera instancia está pensado en ir colaborando en sustitución de flota de taxis, vamos a esquema de taxis eléctricos, son vehículos caros, aún con exoneraciones y se ha pensado un apalancamiento para colaborarles en la sustitución de la flota”, señaló.
El jerarca informó que no estarían obligados a exigir automóviles de este tipo, pero sí a los concesionados vía taxi.
Según datos del CTP, actualmente hay 11.720 concesiones y se han cancelado 1.137.
Las tarifas como el proyecto de ley 21.228 ve las plataformas desde el ámbito público y privado, en el tema tarifario estarían exentos de una regulación con la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep).
Villalobos explicó que se pretende dar esa potestad a las empresas, pese a que el servicio de taxis continuaría teniendo una regulación, aunque buscan una flexibilidad para establecer una tarifa mínima y máxima con tal de que los taxistas puedan negociar el precio final con el usuario.
Desde el ámbito público, el representante del Consejo defendió la necesidad de regular este tipo de transporte, más si se toma en cuenta la cantidad de vehículos que ya hay en nuestras calles, lo cual aumenta la probabilidad de accidentes de tránsito.
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