LA VOZ DE GOICOECHEA.- La Procuraduría General de la República (PGR) advirtió de una posible inconstitucionalidad en el proyecto de ley 21.228 presentado por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) para regular el servicio de plataformas digitales como Uber.
Mediante una audiencia realizada hoy en la Comisión de Asuntos Económicos en la Asamblea Legislativa, inició la discusión de la iniciativa con la participación de jerarcas de la Procuraduría, liderados por Julio Jurado, procurador general.
Jurado advirtió de un posible roce de inconstitucionalidad con respecto del giro de 3% de los dineros adquiridos mediante el servicio, para ser trasladados a un Fondo de Movilidad Urbana.
La propuesta indica que, durante los primeros 8 años, el 80% de los fondos se utilizarán para la modernización de la flota de taxis, es decir, “para el pago de la prima de adquisición de vehículos nuevos”. Para eso, se requerirá un reglamento que indicará los parámetros de distribución, tomando en cuenta el tipo de tecnología del vehículo y el monto de la prima.
Posterior a ese período, será para la modernización del transporte público.
El restante 20% será para “atender transferencias por asistencia social para los concesionarios de taxis previo estudio socioeconómico correspondiente”.
Sin embargo, sería administrado por el Consejo de Transporte Público (CTP) lo cual no es una competencia de esa institución, según Jurado.
El jerarca agregó que además la regulación de ese Fondo “es muy flexible, viola principios de caja única y principios de la Sala Constitucional y de cómo administrar esos fondos (…) es un cheque en blanco”, sostuvo.
Andrea Calderón, Procuradora en el área de Derecho Público acotó por qué es que eso sería inconstitucional. Otra de las observaciones está relacionada con un monto abusivo para la inscripción de empresas para este fin.
Jurado recordó que, el proyecto del MOPT establece un monto de 100 salarios base para aquellas que aún no han operado en el país. Ese monto alcanzaría los 45 millones de colones actualmente y 22 millones de colones para su renovación.
De igual forma, catalogó como una “multa encubierta” la establecida para compañías que ya operan en el país, pues pagarían 8 mil millones de colones.
Jurado no vio irregularidad en cuanto a la retroactividad de la ley, pero sí sobre el monto desproporcionado.
La propuesta del MOPT fue presentado el 22 de enero, tras la solicitud de 2 prórrogas a la Comisión Legislativa. Desde entonces, varios sectores criticaron que el planteamiento buscaba beneficiar a los taxistas mediante un exceso de regulación.
“Esto (el proyecto de ley) habría que botarlo a la basura y partir de otra base. Fue una movida política de parte del MOPT para quitarse la papa caliente de encima.
Redactaron un proyecto que ellos saben que no tiene probabilidad de ser aprobado en la Asamblea, lo mandaron y le tiraron la papa caliente a los diputados”, indicó el Eli Feinzaig, exviceministro de Obras Públicas y Transportes en el programa Enfoques de CRHoy.com el 11 de febrero.
Sobre la iniciativa, Uber, mediante su representante en Costa Rica Andrés Echandi sostiene que la propuesta taxifica las plataformas e ignoran una regulación moderna.
Según datos de la empresa, a junio de 2018, contaban con 22 mil socios conductores, 768 mil usuarios y 700 empleos directos mediante el centro de excelencia ubicado en el país.
La propuesta del Gobierno pretende establecer un tope en cuanto a la cantidad de vehículos y equipararlos al de concesiones de taxis, que rondan las 13.500, por lo tanto, 8.500 personas se verían afectadas.
FUENTE CRHOY
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