LA VOZ DE GOICOECHEA.- Un dictamen de minoría —en medio de divisiones internas en las fracciones— podría salvar a la iniciativa.
Los diputados del PUSC han sido los principales defensores del proyecto, que al inicio contaba con casi 40 firmas y ahora se tambalea.
Un dictamen de minoría podría salvar la intención de gravar a las cooperativas con excedentes superiores a los ¢250 millones anuales.
Este proyecto de ley fue rechazado por la mayoría de los diputados en la Comisión de Asuntos Económicos del Congreso (compuesta por nueve congresistas); sin embargo, otros tres diputados —Padro Muñoz y Pablo Heriberto Abarca, del PUSC, y Paola Vega, del PAC— se apartaron y dejaron con vida la iniciativa.
Esta separación es ahora la única esperanza del expediente 21.017, el cual propone cobrar un impuesto de dos tramos a los excedentes de las cooperativas: uno del 10% sobre el exceso de ¢250 millones y otro del 20% sobre el exceso de ¢750 millones (581 y 1.740 salarios base, respectivamente).
El dictamen de mayoría señaló que el impuesto podía ser inconstitucional y que sería una “doble imposición” para los asociados, pues ellos ya pagan un 5% sobre las ganancias que reciben. Sin embargo, ese argumento no fue compartido por el grupo minoritario, que decidió continuar con el proyecto, aunque planteando algunas restricciones.
Esas restricciones, dijo el socialcristiano Pablo Abarca, eran una exoneración de las cooperativas que brindan servicios públicos regulados por Aresep, así como el establecimiento de un 30% no gravable de todos los excedentes para que las asociaciones cubran sus cargas parafiscales.
Que estos diputados se hayan apartado del criterio mayoritario es ahora vital para la iniciativa. El dictamen de minoría abre el debate al Plenario legislativo, que ahora podrá decidir entre ambas opciones: la propuesta de enterrar el impuesto y la propuesta de aprobarlo.
Para aprobar cualquiera de los dictámenes se necesita de 29 votos (mayoría absoluta de los 57 votos totales).
Esta cifra parecía más que superada cuando se presentó el proyecto en octubre pasado, con la firma de 37 congresistas. No obstante, varios de ellos ahora se han retractado.
Entre ellos están los liberacionistas Roberto Thompson, Daniel Ulate y Karine Niño; la independiente Marulin Azofeifa; y el restauracionista Melvin Núñez Piña; quienes ahora firmaron el dictamen negativo en la comisión.
Ese dictamen también lo firmó Luis Ramón Carranza, del PAC; sin embargo, el nunca había dado su respaldo al proyecto.
De cualquier manera, quedará por verse qué deciden los otros 32 diputados que dieron su firma al proyecto, los cuales podrían resultar suficientes para aprobarlo. Además, podrían sumarse otros congresistas que no aportaron inicialmente su firma.
Cada voto contaría en una eventual votación y es difícil dilucidar un resultado posible, pues las bancadas más grandes aún no dicen sus posiciones y más bien parecen estar divididas.
“Este es un tema que ha sido muy interesante porque no ha habido una línea de fracción, me parece que en ninguna de las fracciones, sino que ha sido un debate en el que cada diputado y cada diputada se ha apropiado de sus posiciones”, comentaba la liberacionista Yorleny León esta mañana en el programa Hablando Claro, donde reiteró su apoyo a la iniciativa.
Estos 37 diputados firmaron el proyecto de ley. (Imagen: asamblea.go.cr)
El proyecto ahora está en el último lugar en el orden del día de la Asamblea; sin embargo, un acuerdo de fracciones podría adelantar la discusión en las próximas semanas.
“En el Plenario veremos quiénes mantienen su palabra”
La votación dividida en la Comisión de Asuntos Económicos no sorprendió a la diputada María Inés Solís, del PUSC.
La socialcristiana afirmó que ya era conocido “el fruto del lobby cooperativista y cuáles eran esas razones” dadas por los diputados que rechazaron el texto, las cuales —dijo— “no tienen sentido”.
Ante esta situación, simplemente se limitó a decir que lo importante será ver la votación en el Plenario legislativo (con los 57 diputados), de modo que sea posible ver cuáles mantienen su palabra y cuáles desisten, como ocurrió en la comisión.
“Esperaremos a que llegue al Plenario y ya en el Plenario veremos qué pasa. También veremos cuáles diputados terminan manteniendo su palabra y cuáles, al igual que los diputados que vimos este martes, sólo tiraron la piedra y escondieron la mano”.
En esa línea, agregó que le pareció valiosa la postura de la diputada oficialista Paola Vega, quien fue la única firmante del texto que mantuvo su palabra en la comisión, aparte de los socialcristianos.
La diputada Solís ha sido una de las principales abanderadas del gravamen a las cooperativas, luego de que se borrara esa iniciativa del plan fiscal y de que se rechazara una moción suya para reintegrarlo a ese texto, con los mismos argumentos que ahora se escuchan en el Congreso.
Entre ellos, la diputada Karine Niño, del PLN, aseguró que el proyecto evidenciaba “un desconocimiento profundo del modelo cooperativo”, que basa sus ganancias en los asociados y no en las mismas empresas. “No son empresas privadas”, aseguró.
Actualmente los socios de las cooperativas ya pagan un 5% sobre sus excedentes —que aumentará progresivamente en 5 puntos por la reforma fiscal—; sin embargo, algunas cooperativas no distribuyen la totalidad de sus ganancias, para capitalizar los recursos o invertirlos en otras cargas internas.
Un proyecto sumamente debilitado
Cuando Hacienda propuso gravar a las cooperativas con la misma escala que a las pequeñas y medianas empresas, en el plan fiscal, había planteado una escala de cuatro tramos.
La intención de la cartera era cobrar un impuesto a todas y cada una, según sus excedentes: del 5% hasta los primeros ¢5 millones, del 10% hasta los ¢7,5 millones y del 15% hasta los ¢10 millones. A partir de ese tope, se cobraba un 20%.
No obstante, la medida no fue viable y fracasó en el Congreso.
Este fracaso se notó primero con la eliminación de la medida en el plan fiscal y luego con el rechazo de una moción presentada por la diputada Solís, para reintegrar el impuesto.
Ante este rechazo, los jefes de fracción de PAC, del PLN, del PRN, del FA) y del PRSC acordaron “apoyar la aprobación de un proyecto de ley dispensado de todo trámite y que se votara de forma inmediata y posterior al plan fiscal”; sin embargo, esto no pasó de esa manera.
Finamente los diputados rechazaron la moción de la diputada @misolisq para gravar a las cooperativas. Por el contrario, PAC, PLN, PRN, FA y otros dos diputados firmaron este acuerdo para trabajar un proyecto que instaure la carga únicamente a grandes cooperativas. @SemanarioU
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Ese proyecto es la iniciativa que ahora se tambalea, en medio de promesas incumplidas como la dispensa de trámites y su votación inmediata.
El proyecto, además, ya era algo decepcionante para Hacienda, que vio muy reducidas sus intenciones recaudatorias. El nuevo proyecto gravaría a unas 15 cooperativas, según los cálculos de la cartera, muy por debajo de las intenciones iniciales.
De hecho, Hacienda estimaba una recaudación superior a los ¢12.000 millones anuales con su primera intención, una cifra que se redujo a ¢6.000 millones con la propuesta que ahora se analiza y que podría quedar en cero ahora que existen dudas sobre su aprobación.
De cualquier manera, el expediente sigue su trámite.
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