Defensoría rechaza alza en electricidad del 8,75%

LA VOZ DE GOICOECHEA.- La Defensoría de los Habitantes presentó su oposición a la solicitud de alza tarifaria del 8,75% planteada por el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) para que entre a regir a partir del 1º de abril y por los siguientes 21 meses en las tarifas del servicio de distribución de energía eléctrica domiciliar, de comercios e industria.

En este sentido, dicha entidad defensora de la ciudadanía realizó una revisión de los expedientes de cada sistema de generación, transmisión, distribución y alumbrado público, y entregó a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) un documento técnico en que exponen sus objeciones y criterios de oposición.

“Al revisar las solicitudes tarifarias, la Defensoría ha encontrado que no todos los elementos de las peticiones responden a criterios de razonabilidad, proporcionalidad y cuentan con la adecuada justificación. En el caso del sistema de distribución, que determina el precio final a los usuarios, el crecimiento de los costos proyectado para el 2019 supera en 6 veces a la inflación estimada por el Banco Central para ese año, mientras que los ingresos proyectados apenas aumentan en un 1,9%”, señaló la entidad defensora.

Inicialmente el ICE pretendía un aumento del 20,37% en las tarifas a los usuarios durante 2019, pero después modificó su pretensión para que el incremento se distribuyera en 21 meses, que van desde el 1º de abril al 31 de diciembre de 2020 y no en nueve.

“Considera la Defensoría que prorratear el aumento solicitado del 20,37%, al extender su aplicación por 12 meses más, es un mecanismo para ‘disfrazar’ el incremento tarifario, sin ajustarlo al principio de servicio al costo pues, al final de cuentas, los usuarios terminarían pagando los ¢56.700 millones de ingresos adicionales que pretende recaudar en ventas el ICE para el 2019”, alertó la Defensoría.

Agrega que: “Además, con extender el ajuste del año 2019 hasta todo el año 2020, se estaría formalizando un efecto cascada que incrementaría, de forma exagerada en el mediano plazo, el costo de la energía para los usuarios finales, debido al arrastre de aumentos de períodos anteriores que se verían magnificados por los incrementos solicitados para los períodos corrientes, por las solicitudes de liquidación y ajustes ordinarios que realiza el ICE cada año”.

Para la instancia defensora, dicha práctica “se puede prestar para ocultar una gestión empresarial deficiente” en cuanto al control de costos y gastos operativos de los sistemas eléctricos en el período actual.

Añadió: “De la revisión de la información suministrada en los expedientes tarifarios, la Defensoría llegó a la conclusión de que los niveles tarifarios pretendidos por el ICE no podrían serle otorgados por el ente Regulador”.

Asimismo, “(…) la Defensoría externa su preocupación por el impacto que un nuevo aumento en el costo de la electricidad para el año 2019 tendría sobre el costo de vida de los hogares costarricenses y sobre el sector productivo; cabe recordar que ya en diciembre de 2018 se había aprobado un aumento para el 2019”.

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