Fernando Llorca, presidente ejecutivo de la Caja, junto a Arnoldo Barahona, el alcalde de Escazú. Cuando firmaron en Julio 2018 un convenio marco para asegurar la mejora en los servicios de salud.
LA VOZ DE GOICOECHEA.- La diputada liberacionista Karine Niño, junto a dos regidores de la Municipalidad de Escazú, denunciaron en conferencia de prensa, supuestas irregularidades con el destino de ¢4.600 millones que el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM) gestionó a favor de este municipio para la construcción de una clínica que nunca se concretó.
Según Niño, el préstamo se giró en el 2016, con el consentimiento del entonces presidente Luis Guillermo Solís.
“Este contrato de préstamo tuvo el aval y además sirvió como testigo el expresidente Solís, un préstamo que iba enfocado a la compra de unos terrenos para construir la clínica de salud que requiere el cantón de Escazú, pero nos hemos dado cuenta que no existe ningún informe, o documentación que diga que este proyecto se vaya a realizar”, señaló la liberacionista.
Agregó que la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) presupuesta cada cinco años proyectos como la construcción de clínicas de este tipo, pero para este caso no existe información ni proyecciones de su realización.
IRREGULARIDADES
Niño mencionó que el crédito se tramitó en un tiempo récord, y que incluso el IFAM aprobó, depositó y además cobró más de ¢22 millones por fiscalizar un crédito lleno de inconsistencias.
“Es decir se le dio plata a una municipalidad porque la hablada sonó muy bonita, le prometieron al pueblo una clínica fantasma que hoy es usada como el parqueo más caro del mundo para camiones de basura”, afirmó la diputada.
Adicionalmente, la municipalidad de Escazú ha pagado ¢332 millones al IFAM por un dinero que no se usó en lo que debía y por un terreno que no se sabe si será de ellos.
“Actualmente se encuentra en el contencioso administrativo por negligencia de la alcaldía que subsanó parcialmente las inconsistencias señaladas en dos ocasiones por la Notaría del Estado”, indicó Niño.
Los regidores propietarios Eduardo Chacón y Ricardo López, del Concejo Municipal de Escazú, señalaron que el alcalde Arnoldo Barahona no le contestó a tiempo dos oficios que había enviado la Notaria del Estado, donde se puntualizaban los errores y alegó que no le querían dar una cita.
“Uno de estos errores es que el área técnica municipal incurrió en un fallo material con el avalúo administrativo, pues el monto pactado con el dueño del terreno no coincidía con los montos estipulados en el avaluó. Había inconsistencia en la cifra escrita en números, que significaba más de $100.000 menos al precio puesto por el dueño, lo que desencadenó que el proceso terminara en el tribunal contencioso administrativo que todo apunta a que será mayor que deberá asumir el pueblo de Escazú” explicó López.
SILENCIO
Por su parte, Chacón lamentó lo que calificó es un silencio de las autoridades del IFAM sobre el caso.
“El silencio del IFAM y la complicidad con una municipalidad negligente raya en lo ilegal, pues es ensordecedor pese a que cuenta con vasto criterio de la comisión técnica de la propia institución cuyo informe a la fecha no se ha elevado a la Junta Directiva para que emita acciones sobre este crédito”, apuntó.
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