LA VOZ DE GOICOECHEA.- Óscar Arias Sánchez, expresidente de la República, 1986-1990 y 2006-2010, no llegó esta mañana a la audiencia preliminar por el caso Crucitas.
Los abogados del expresidente Óscar Arias presentaron un habeas corpus en contra del Tribunal Penal, que rechazó la apelación por el caso Crucitas.
La acción es porque el Tribunal no realizó una audiencia oral para informar sobre la decisión de rechazar la apelación, que pretendía suspender la audiencia preliminar.
Rodolfo Brenes, abogado de Arias expuso que según el Código Procesal Penal, el tribunal debió de informar por medio de una audiencia previa la decisión respecto a la apelación y también permitir escuchar a los proponentes.
Pese al recurso habeas corpus, la audiencia preliminar inició este jueves 17 de enero pasada las 8 de la mañana como estaba previsto.
La etapa de audiencia preliminar se extenderá hasta el 7 de febrero.
Por parte del Tribunal Penal están presentes José Pablo Miranda, fiscal especializado en casos de corrupción y Luis Diego Hernández, quien estuvo en el primer juicio sobre Crucitas y es especializado en materia ambiental.
Por parte de la Fiscalía General está presente Sofía Valenzuela, especialista en corrupción.
La dinámica de la audiencia es la siguiente: primero expone la parte querellante (la Procuraduría General de la República), luego el Ministerio Público explica su acusación y elenco probatorio y por último, las partes acusadas hacen su exposición.
Tras la audiencia preliminar, el juez podría tardar más de un mes en decidir si eleva o no a juicio el expediente.
En la audiencia se conocen las causas contra Arias y el exministro de Ambiente, Roberto Dobles.
El caso se refiere a la firma en 2008 de decretos para declarar de interés y conveniencia nacional el proyecto de minería de oro Las Crucitas, en la Zona Norte, el cual nunca llegó a construirse por completo ni a explotar oro, pues la iniciativa se canceló por instancias judiciales en 2010.
Los decretos habrían facilitado una serie de permisos y trámites a la empresa Industrias Infinito, de la canadiense Infinito Gold, que denunciaron grupos ambientalistas y políticos.
La empresa minera esperaba explotar al menos 19,8 toneladas de oro con una concesión por 10 años.
Este caso lo reabrió el 2 de noviembre de 2017 la fiscala general Emilia Navas, quien siete días después llamó a declarar al expresidente Arias.
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