La ética del funcionario público: un compromiso pendiente con la sociedad

Lic. Isaí Jara Arias, periodista y productor de radio y televisón

La ética es la disciplina que guía el comportamiento correcto de los ciudadanos, es decir que regula la conducta humana en cuanto al bien y el mal. A pesar de la existencia de una clara dicotomía entre estos conceptos, al reflexionar nos preguntamos, ¿Qué es lo bueno? y ¿Qué es lo malo? Pero, lo que es bueno para una persona, puede no serlo para otra.

En ese sentido, cuando hablamos de la ética pública, la cuestión se complejiza un poco más, ya que hace referencia al bien común y se trata de un servicio que se le presta a la ciudadanía. Por eso, al individuo que está cumpliendo una función pública, en este caso el de un regidor municipal se le presenta como una serie de valores y actuaciones para beneficio de la sociedad toda y no personal.

Para un regidor, la palabra ética implica realizar acciones con transparencia, calidad y efectividad, además de priorizar el interés público colectivo por encima del interés particular.

Sin embargo, la realidad nos muestra que la gestión pública es poco eficiente y no transparente, lo cual genera un grado de insatisfacción entre los ciudadanos beneficiarios de sus servicios. Y en parte, esta situación se debe a la tergiversación de la verdadera naturaleza del regidor municipal, quien, muchas veces, toma decisiones motivado por su individualidad y no por los que lo eligieron.

Aquí hay que hablar también de los deberes y la exigencia de administrar los recursos públicos con apego a los principios de legalidad, eficacia, economía, eficiencia y rendición de cuentas, así como la prohibición de aceptar dádivas u obsequios por el cumplimiento de sus funciones.

Este lunes este medio de comunicación www.lavozdegoicoechea.info, publica la opinión del licenciado Carlos Jaime Gutiérrez Trejos, con el tema, ¿Corrupción o ignorancia? Refiriéndose al proceso que el Concejo Municipal le ha dado a la Contratación Directa 2018CD-000262-01, titulada “Adquisición de materiales para la construcción de edificio en material prefabricado divisiones de material liviano para uso de oficinas institucionales de la Asociación Pro-Desarrollo de Vista de Mar, distrito de Rancho Redondo”, opinión que avalamos totalmente.

Esa contratación de aprobarse estaría en clara violación al principio de legalidad establecido por la Contraloría General de la República (CGR).

La Contraloría ha establecido que para girar recursos a entes privados se debe contar con un convenio, en este caso en concreto no existe ese convenio, esto tiene que darse porque el terreno donde se está construyendo esas oficinas pertenecen a un ente privado, por lo que se debe garantizar que esa inversión de fondos que se está dando son públicos que no sean para beneficiar a los propietarios del terreno.

El Reglamento de la Contratación Administrativa exige que todos los que tienen responsabilidad de aprobar recursos públicos, no importa qué tipo de obra, deben observar y respetar los principios de legalidad, formalismo, eficiencia, buena fe y de seguridad jurídica y sobre todo el principio de eficacia, ya que el fin de la ley es la sana administración. Principios que en este caso no se están aplicando ni respetando.

La Caja Costarricense de Seguro Social por medio del director del Área de Salud de Coronado, que es el ente encargado de decidir si en su área se construye o alquile infraestructura para Ebais o Clínicas, ha dicho que para la comunidad de Vista de Mar no existe negociación con persona ni asociación alguna que vaya enfocada en esa línea.

Ahora, si hay una asociación o persona interesada en construir infraestructura para que la Caja la utilice como Ebais, pues que haga lo que la caja exige, segreguen el lote que se requiera para estos caso y lo donen a la Caja para que sea esta, la que construya en su propiedad lo que se necesita, así se hizo con los Ebais de Ipís, Purral Abajo y San Francisco, por lo menos en lo que respecta a nuestra cantón y arreglado el problema.

La experiencia con la cancha de futbol 5 de la misma comunidad no es nada grata, y todo pareciera que todo el interés de construir esa infraestructura va por el mismo camino de la cancha, al final se pagarían millones de colones por alquiler que seria para un ente privado.

La comunidad de Vista de Mar tiene muchas dudas. Cuando un ente es publico se puede pedir rendición de cuentas y acceso de información, pero cuando es privado el asunto se complica y todo se movería en el ámbito privado.

Nosotros como medio de comunicación estamos en la obligación de denunciar estos actos tanto a la opinión publica como a los estrados judiciales, y no nos cansaremos de hacerlo cuando se pretenda violentar la legalidad y lo haremos con nombres y apellidos.