LA VOZ DE GOICOECHEA.- Desde el 22 de diciembre, una parte del gobierno federal está en parálisis por el pulso entre la oposición demócrata en el Congreso y el presidente Donald Trump, que se niega a firmar cualquier ley presupuestaria que no incluya una partida de 5.700 millones de dólares para erigir un muro en la frontera con México.
Estados Unidos entro este martes en el segundo mes de parálisis presupuestaria por falta de acuerdo entre el Congreso y la Casa Blanca, que exige construir un muro en la frontera con México, con magras expectativas de salir de la crisis que lastra la primera economía mundial.
El muro es una de las promesas centrales de su campaña pero los demócratas se oponen por considerar que esta construcción es "inmoral", costosa e ineficaz.
El sábado Trump ofreció a los demócratas dar un estatuto de protección a cerca de un millón de migrantes amenazados por la deportación: los "dreamers", jóvenes que entraron a Estados Unidos de forma ilegal cuando eran niños acompañando a sus padres, y a los beneficiarios de programas de protección temporal (TPS).
Trump había suspendido ambos programas tras su llegada al poder.
Este martes el Congreso retomó sus funciones tras el feriado del lunes, sin que se atisbara una solución a la vista.
"Sin un muro nuestro país nunca puede tener ni frontera ni seguridad nacional", dijo Trump en Twitter, acusando a los demócratas de estar en "juegos políticos".
La líder de la mayoría demócrata de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, respondió acusando al presidente y a los republicanos que controlan el Senado de tener a los estadounidenses como "rehenes".
La parálisis presupuestaria afecta directamente a 0,5% de los trabajadores estadounidenses, pero a medida que avanza el tiempo sin soluciones a la vista también ha afectado la confianza de la mitad de los consumidores, según una encuesta realizada por la Universidad de Michigan.
También afecta al crecimiento de la economía, en un contexto de desaceleración mundial, afirman los expertos.
Cerca de 800.000 funcionarios están en permiso sin goce de sueldo o están obligados a trabajar sin paga. En áreas sensibles como el Departamento de Seguridad Interna, el de Transporte o el Departamento de Estado, el personal fue recortado al mínimo.
En los parques nacionales ya no hay seguridad y muchos museos están cerrados y el tráfico en los aeropuertos también ha sido afectado.
"Perderé mi coche"
Los guardacostas "navegan por el mundo para proteger los intereses nacionales estadounidenses mientras sus seres queridos deben enfrentar dificultades financieras y la falta de un salario en la casa", dijo el lunes el almirante Karl Schultz, jefe de ese cuerpo militar.
"Jamás hubiera creído que duraría tanto", dijo a la AFP Carol Lopilato, de 59 años, quien desde el 23 de diciembre está técnicamente desempleada.
Funcionaria de alto rango de la administración fiscal de Estados Unidos (IRS) desde 1987, Lopilato no tiene preocupaciones económicas y se considera "afortunada".
Pero si esta situación se extiende, su inquietud aumentará inevitablemente.
Habitualmente los funcionarios afectados son pagados con efecto retroactivo una vez que se termina la parálisis presupuestaria, pero cerca de un millón de trabajadores de servicios externalizados se quedarán sin cobrar.
"Pronto perderé mi coche porque ya estoy muy atrasada en los pagos, mi seguro de salud, mi servicios de asistencia en ruta", contó a la AFP Yvette Hicks, una madre soltera con dos hijos que trabaja para la institución cultural Smithsonian de Washington.
Varias iniciativas de solidaridad se han puesto en marcha para ayudar a los afectados, desde comedores populares, noches de hotel gratuitas, hasta clases de yoga gratis para que los funcionarios enfrenten con calma su situación financiera.
Este "shutdown" es el más largo de la historia estadounidense y sus consecuencias también lastran el capital político de Trump. Según una encuesta, la mayoría de los estadounidenses culpa de la crisis a los republicanos y a la Casa Blanca.
Frente al riesgo de procesos judiciales, Trump evitó utilizar una ley de urgencia que le permitiría eludir al Congreso para avanzar con el muro.
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