LA VOZ DE GOICOECHEA.- Efectivos de la Policía Nacional de Nicaragua allanaron violentamente, la madrugada de este viernes las respectivas sedes de varias organizaciones no gubernamentales a las cuales les fue retirada, esta semana, la personería jurídica, denunciaron autoridades de esas agrupaciones.
Los agentes retiraron equipo electrónico y accesorios, así como documentos, además de que causaron destrucción dentro de las instalaciones, indicaron los dirigentes, citados por medios de comunicación locales.
Las organizaciones afectadas por el ataque policial son el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), encabezada por Vilma Núñez, la Fundación Popol Na, para la Promoción y el Desarrollo Municipal, dirigida por la ex comandante guerrillera Mónica Baltodano, la Fundación Instituto de Liderazgo de las Segovias, dirigida por Haydé Castillo, el Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (Ieepp), que dirige Félix Maradiaga, y el Centro de Investigación de la Comunicación (Cinco), dirigida por el periodista Carlos Fernando Chamorro.
También fueron allanadas las instalaciones de los programas periodísticos Esta Noche, y Esta Semana, y del semanario Confidencial, medios que son dirigidos por Chamorro.
“Desde medianoche, por el techo, se ha metido la Policía y se ha tomado el Cenidh”, denunció Núñez, una histórica defensora nicaragüense de los derechos humanos, quien señaló que se trató de aproximadamente un centenar de agentes.
Se trató de un saqueo, durante el cual los efectivos policiales causaron destrozos en el local, indicó.
“Entraron como delincuentes por el techo, luego que después de haber acordado con el Ministerio de Gobernación que nos daban 15 días para presentar los registros contables”, relató Núñez, quien, además, aludió a una parte del contenido de la resolución mediante la cual la Asamblea Legislativa anuló la personería jurídica del Cenidh.
“Ayer teníamos problemas para ingresar al área. Hoy nos permitieron el ingreso. Voltearon y saquearon lo que pudieron en todas las oficinas. Hay papeles por todos lados y cosas tiradas”, agregó.
Por su parte, Baltodano denunció que, en el marco del allanamiento, madres de presos políticos quienes estaban alojadas en la sede de Popol Na fueron agredidas por los atacantes.
“Se llevaron computadoras, baterías y vehículos institucionales y privados que estaban en el centro”, relató la directora de la fundación defensora de los derechos humanos, y agregó que “miembros de la Policía agredieron a madres de protestantes presos y les robaron sus teléfonos celulares”.
En un comunicado que difundió en redes sociales, Popol Na denunció la acción policial y dijo que, para ingresar a las instalaciones, los atacantes destruyeron los portones del local.
Dirigentes de las organizaciones afectadas coincidieron en señalar que se trató de acciones ilegales, ya que las fuerzas ejecutoras carecían de orden judicial de allanamiento.
Las operaciones de represión fueron objeto de condena por parte de organismos internacionales, mediante mensajes en la red social Twitter.
En ese sentido, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) expresó que “reitera su enérgica condena por los recientes allanamientos y hostigamientos policiales en contra de esas organizacioness”.
Por su parte, el secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), el ex canciller uruguayo Luis Almagro, exigió el cese de la agresión enfocada en las organizaciones no gubernamentales.
“Debe cesar inmediatamente el acoso y la violencia contra ONGs, contra defensores de los derechos humanos. Sólo los regímenes autoritarios restringen derechos fundamentales como el de reunión, de asociación y de expresión”, señaló.
Los allanamientos ocurrieron luego de que, la mañana del jueves, la mayoría del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) -71 de los 92 diputados- en la Asamblea Nacional –parlamento unicameral- nicaragüense anuló la personería jurídica de cinco organizaciones.
En este caso, se trató de Cinco, la Fundación Instituto de Liderazgo de las Segovias, Popol Na, el Instituto para el Desarrollo de la Democracia (Ipade), y la Fundación para la Conservación y el Desarrollo del Sur Este de Nicaragua (Fundación del Río).
Previamente, el organismo legislativo había aplicado similar sanción al Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud (CISAS) –el 29 de noviembre-, el Ieepp –el 11 de diciembre-, y el Cenidh y Hagamos Democracia –el 12 de diciembre, ambas organizaciones-.
El total de organizaciones afectadas es, hasta el momento, nueve.
Los ataques policiales se enmarcan en la violenta crisis sociopolítica que estalló el 18 de abril, a raíz de un fallido decreto presidencial que procuraba reformar, en perjuicio de sus afiliados, el sistema de pensiones del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS).
Retirado el decreto, la creciente protesta generada por ese texto pasó a centrarse en la masiva exigencia popular de que el presidente nicaragüense, Daniel Ortega, y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, renuncien a sus respectivos cargos –demanda que la pareja gobernante se ha negado a acatar-.
La represión policial y parapolicial con la que el gobierno viene enfrentando las manifestaciones y otras expresiones opositoras ha cobrado aproximadamente 545 vidas, generado miles de heridos, detenidos, y desaparecidos, dañado en gran escala a la economía nacional, y determinado que miles de nicaragüenses emigren, principalmente hacia la limítrofe Costa Rica -donde más de veinte mil personas han solicitado refugio-.
La represión antiopositora ha pasado de ser masiva -contra actividades opositoras públicas-, a constituirse en principalmente selectiva -mediante la captura y la desaparición de opositores quienes son blanco de búsqueda individual. EFE
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