LA VOZ DE GOICOECHEA.- El parlamento de Nicaragua retiró este miércoles la personería jurídica a dos organizaciones locales defensoras de los derechos humanos, al acusarlas, según lo indicado en las respectivas solicitudes de sanción, de haber desnaturalizado su razón de ser.
Se trata del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), encabezada por Vilma Núñez, y la organización Hagamos Democracia, dirigida por Luciano García, con lo que suman cuatro las organizaciones de este tipo así sancionadas desde el mes pasado.
Las respectivas solicitudes de retiro de personería jurídica –promovidas por el Ministerio de Gobernación- fueron presentadas por el diputado Filiberto Rodríguez, legislador por el gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
En el caso del Cenidh, Rodríguez indicó, en la exposición de motivos del proyecto de resolución, que el centro “desnaturalizó su Personalidad Jurídica al no actuar apegados a los fines y objetivos por los cuales se constituyeron en organismo sin fines de lucro y se les otorgó la personalidad Jurídica, como es alcanzar la paz con justicia en Nicaragua, por el contrario, utilizó el esquema organizacional para otros fines”.
La organización recibió fondos que destinó a la desestabilización del país, aseguró el diputado, en alusión a la violenta crisis sociopolítica que afecta, hace más de siete meses a Nicaragua, a causa de la represión policial y parapolicial de masivas manifestaciones callejeras y otras expresiones populares de oposición antigubernamental.
El Cenidh “utilizó el esquema organizacional para gestionar recibir, canalizar y facilitar fondos para alterar el orden público y realizar acciones para desestabilizar el país”, lo que describió como actividades violatorias de la legalidad nicaragüense.
En el caso de Hagamos Democracia, Rodríguez planteó, en la exposición de motivos de la solicitud, muy similar razonamiento, mientras su compañero de bancada José Figueroa dijo que esa organización ha recibido financiamiento de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (United States Agency for International Development, USAID).
Figueroa también acusó, a Hagamos Democracia, de haber participado en el fallido intento de golpe de Estado –la definición oficial de la masiva oposición popular antigubernamental-.
En ese sentido, precisó que la organización propuso un acuerdo político mediante el cual el presidente y la vicepresidenta de Nicaragua, respectivamente, Daniel Ortega y Rosario Murillo –esposa del mandatario-, renunciaran, ante la Asamblea Nacional, y fuesen sustituidos por un gobierno de transición encargado de anticipar las elecciones programadas para noviembre 2021.
“Luciano García entregaba dinero a dirigentes de los tranques”, afirmó Figueroa, en alusión a los bloqueos que habitantes de diversas comunidades, a nivel nacional, ubicaron, al inicio de las protestas populares, en diferentes puntos de las principales carreteras de la red vial nicaragüense.
Con el Cenidh y Hagamos Democracia, se elevó a cuatro el total de organizaciones de derechos humanos que vieron suspendidas sus respectivas personerías jurídicas.
Las dos anteriores son el Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud (Cisas), dirigido por la costarricense-nicaragüense Ana Quirós, y el Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (Ieepp), cuyo director es Félix Maradiaga.
Las sanciones al Cisas y al Ieepp fueron aprobadas por la Asamblea Nacional, respectivamente, el 29 de noviembre y 11 de diciembre.
Tanto Quirós como Maradiaga, se encuentran fuera del país.
Quirós, una costarricense naturalizada nicaragüense, con aproximadamente cuatro décadas de residencia en Nicaragua, fue detenida el 26 de noviembre, despojadas de la ciudadanía nicaragüense, y deportada a Costa Rica.
Maradiaga, contra quien fue emitida orden de captura, optó por exiliarse.
Las sanciones a las cuatro organizaciones no gubernamentales se enmarcan en la dramática situación que estalló el 18 de abril, a raíz de un fallido decreto presidencial que procuraba reformar, en perjuicio de sus afiliados, el sistema de pensiones del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS).
Retirado el decreto, la creciente protesta generada por ese texto pasó a centrarse en la masiva exigencia popular de que Ortega y Murillo renuncien a sus respectivos cargos –demanda que la pareja gobernante se ha negado a acatar-.
La represión policial y parapolicial con la que el gobierno viene enfrentando las manifestaciones y otras expresiones opositoras ha cobrado aproximadamente 545 vidas, generado miles de heridos, detenidos, y desaparecidos, dañado en gran escala a la economía nacional, y determinado que miles de nicaragüenses emigren, principalmente hacia la limítrofe Costa Rica -donde más de veinte mil personas han solicitado refugio-.
La represión antiopositora ha pasado de ser masiva -contra actividades opositoras públicas-, a constituirse en principalmente selectiva -mediante la captura y la desaparición de opositores quienes son blanco de búsqueda individual.
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