Plan fiscal tendrá cambios para el empleo publico

Habrá congelamiento de salarios para los que más ganan y se reafirma tope a cesantías

LA VOZ DE GOICOECHEA.- En caso de que el plan fiscal obtenga su segundo debate en los próximos días y pueda comenzar a regir pronto, sí habrá una serie de cambios en materia de empleo público que afectará a los actuales funcionarios del Estado.

Tal es el caso específicamente de algunos incentivos. Según la ministra de Hacienda, Rocío Aguilar se crearán nuevas reglas que pretenden reducir el crecimiento en el gasto.

A partir de la entrada en vigor de la ley, ninguna entidad estatal podrá aprobar nuevos incentivos para sus empleados.

Actualmente la ley permite que cada institución negocie incentivos y pluses, algunos de los cuales llegan a convertirse en privilegios, a través de convenciones colectivas. Pero con la reforma a la ley para crear un nuevo incentivo deberá pasar primero por la Asamblea Legislativa.

El fallo de la Sala Constitucional hizo una aclaración en este caso. Señaló que, en el caso de las convenciones colectivas para los incentivos ya existentes, pueden renegociarse siempre y cuando se mantengan bajo los límites de razonabilidad.

Aunado a ello a partir de la entrada en vigor de la reforma, los jerarcas de las entidades públicas estarán en la obligación de denunciar las convenciones colectivas a su vencimiento. En el caso en que se decida renegociar la convención, esta deberá adaptarse en todos sus extremos a lo establecido en la reforma fiscal.

Actualmente todos los empleados públicos reciben aumentos porcentuales en incentivos como anualidades, dedicación exclusiva, entre otros. Esto genera un gran problema por cuanto siempre que se da un aumento de salario sobre la base, porcentualmente aumenta el incentivo.

Con la reforma fiscal esto cambia pues deja de estar atado a porcentajes y pasa a ser nominal; es decir un monto fijo. Esto quiere decir que se frenará el crecimiento exponencial en los incentivos.

Actualmente existen entidades en donde el salario base representa cerca del 40% de los ingresos del empleado y el resto corresponde a pluses.

Según ordenó la Sala Constitucional desde junio de este año, es prohibido pagar cesantías con topes superiores a 20 años.

Además, el Código de Trabajo establece que este tope debería ser de 8 años para el resto de los empleados.

A pesar de ello existen instituciones que han seguido evadiendo la orden de la Sala Constitucional y han estado pagando cesantías con topes de hasta 20 o más años, como es el caso de las universidades estatales y algunos municipios.

El plan fiscal reafirma que las cesantías no podrán calcularse por más de 12 años laborados para cada empleado público.

El proyecto de ley establece nuevas escalas para el pago del impuesto de renta. A partir de enero todo asalariado que gane menos de ¢817 mil no pagará el impuesto y entre ese monto y ¢1.226.000 pagarán en escalas entre un 10% y un 15% sobre el excedente.

Una vez aprobado el plan fiscal y si este rige a partir de enero, estas escalas se mantendrán, pero agregará nuevas.

Así, quienes ganen más ¢1.226.000 deberán someterse a dos nuevas escalas del 20% y 25%.

No es a todos los empleados. El proyecto de reforma fiscal establece que los salarios de todos los empleados que ganen más de ¢4 millones no podrán recibir un aumento.

Esta misma orden va para el Presidente de la República, sus vicepresidentes, sus ministros, viceministros, los presidentes de instituciones autónomas, los gerentes de entidades estatales, y los diputados.

Aplicará por los siguientes dos años de vigencia de la ley.

De la misma forma el monto que se reconoce por concepto de dietas que se pagan a los miembros de las juntas directivas de las entidades públicas no aumentará durante los próximos dos años a partir de la aprobación de la ley.

La reforma establece claramente que el salario total de los servidores que se encuentren activos a la entrada en vigor de la ley no podrá ser disminuido y se les respetarán los derechos adquiridos que ostenten.