Lic. Carlos Jaime Gutérrez Trejos |
Debido a que la regidora Rosemary Artavia se refirió a la denuncia sobre el tema de parquímetros, manifiesto lo siguiente:
La respuesta se dio más a un ataque político que discutir el fondo de la denuncia.
Que diga que siendo regidor nunca traté de hacer algo sobre las diferentes deficiencias del programa no es cierto, al contrario siempre solicitamos a la alcaldía que se corrigieran las diferentes fallas, como la venta de la boleta que era por medio de intermediarios encareciendo la misma ya que nunca se establecieron alianzas estratégicas con los comercios para que vendieran boletas y ganaran una pequeña comisión y así evitar los abusos que cometen los cuida carros.
También olvida dicha regidora que el Concejo Municipal del periodo anterior mediante un dictamen de la Comisión de Asuntos Jurídicos, que presidí por 6 años aprobó precisamente recomendar por la deficiencia del programa se cumpliera con el horario establecido en el Reglamento que era de 7 am a 7 pm, utilizando la misma cantidad de personal pero dividido en dos turnos, el objetivo fue precisamente crear más ingreso y a la vez reordenar el tránsito cantonal. El servicio se ha dado solo de 8 a 3 y 30. Parece que la regidora que en ese tiempo estaba como suplente lo olvido.
En cuanto a los estudios, nadie desconoce que existen dónde se indica que actualmente es ruinoso el programa, pero la solución no debe ser dejando a un lado las leyes.
Los estudios que se cuestionan que no existen son: a) estudio de las nuevas zonas para ampliar el programa por parte de quien le corresponde todo lo relacionado con asuntos viales en el Cantón, en este caso le corresponde a la Unidad Técnica Vial en coordinación con Ingeniería de Tránsito del MOPT, realizar el estudio de impacto ambiental, social y económico de las zonas entre otros, las sugerencias las debe aprobar la Junta Vial y posteriormente el Concejo Municipal.
En ningún momento me opongo a la modernización del servicio de parquímetros, al contrario como persona responsable de mis actos y debido a mi interés de llegar a la Alcaldía he recabado información para lograr implementar un sistema moderno de parquímetros, pero es claro que siempre se ocupará de la función del PARQUIMETRISTA que es quien goza la investidura de autoridad para que sancione a quien no cancele la boleta para estacionar.
Los cambios que se requieren deben ser con base en los procedimientos establecidos por la legislación correspondiente.
En este caso lo que se cuestiona es el trámite en si, violenta la Ley de Enriquecimiento Ilícito, la Ley de Contratación Administrativa y los Reglamentos Internos del ente Municipal de lo cual la regidora Artavia omite referirse, solo se dedicó a atacarme y no se refirió al fondo de lo cuestionado.
El dictamen de marras en clara violacion a la Ley de Contratación Administrativa señala cuáles son las empresas que instalarían los sistemas, eso no se puede hacer, para ello debe realizarse un concurso público aunque se suscriba un convenio, como lo pretenden hacer ellos.
En el caso de darse un convenio, no existen los estudios que determinan cuál es el porcentaje que se debe ceder a dicha empresa y cuánto a la Municipalidad y ahí es dónde se da la violacion al deber de probidad, los fondos públicos deben ser protegidos por quienes ocupan cargos públicos y no lo están haciendo.
En cuánto a indicar que no se está despidiendo personal, nadie está diciendo que el dictamen lo indica, pero al cerrar el programa y ordenar que esté personal sea asumido por otras oficinas, automáticamente los dejan sin empleo.
En el ente Municipal existe la Estructura Organizacional y el Manual de Puestos, la estructura determina cómo debe estar organizada la Municipalidad para funcionar y el Manual de puestos los requisitos que se requieren para ocupar puestos en la Municipalidad, esos dos elementos no permiten que la Alcaldía traslade o el Concejo sugiera trasladar personal, al que se les paga un salario de un programa con un código que ya está establecido en el presupuesto. Para que se dé esos cambios de contratación deben cumplirse con los elementos que indican el Código Municipal y para ello se deben realizar los respectivos estudios, para determinar la necesidad de esas plazas en los otros departamentos, si cada uno de los funcionarios cumplen con los requisitos académicos establecidos en el Manual y si se cuenta con contenido económico, aunado a que el Código Municipal establece un porcentaje máximo que se puede presupuestar para contratar personal.
Oponerme a violar las leyes no significa que me opongo a modernizar el cantón, al contrario creó que nuestro municipio necesita ser modernizado, pero desgraciadamente tenemos años de tener políticos que llegan prácticamente a servir a intereses personales y no a los intereses de nuestro cantón, donde vemos personas involucradas como asesoras ahí, sin salario alguno, pero de una u otra forma influyendo a sus regidores y eso nos lleva a preguntar, siguen los mismos problemas de siempre y cuando hacen algo, no lo hacen bien. Espero que la Auditoría y la Contraloría General de la República intervengan y si se comprueban lo que se cuestiona se les aplique lo que establece la ley.
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